Como en esos videos de accidentes en carretera en los cuales, al pasar casi cuadro por cuadro, uno puede prever con gran anticipación una aparatosa volcadura, se les dijo, se les planteó, se les advirtió: no hay que llegar a algo tan injusto, tan poco pensado y de tan graves consecuencias como dejar sin jornada ampliada y alimentación a millones de niñas y niños de los contextos más marginados, y menos aún al regreso de un largo encierro que afectó su nutrición y su salud emocional, que produjo pérdida de aprendizaje y amenaza con acelerar todas la brechas en el cumplimiento de los derechos de niñez y juventud.
Estamos ante un grave problema por la emisión del acuerdo 05/02/22, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, que contiene las Reglas de Operación (RO) del Programa La Escuela Es Nuestra (LEEN) para 2022, y que elimina los componentes de jornada ampliada y de comida en la escuela que todavía estaban en los lineamientos de 2021. Desde el mismo lunes temprano hicimos saber a la SEP de nuestro repudio -no sorpresa, porque desde el anteproyecto veníamos haciendo manifestaciones públicas de extrañamiento y reclamo- a lo que se estaba sancionando con revestimiento oficial. De entonces hasta hoy ha seguido creciendo el clamor, para pedir una explicación y, sobre todo, una reconsideración de esta decisión del gobierno federal.
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Estamos ante una decisión que se produce sin evaluación, sin consulta y en contra de toda evidencia, tanto de gabinete -colectada por más de 10 años por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social, así como una evaluación, muy destacada, por parte de UNICEF- como también la evidencia experiencial, en las voces y testimonios de los protagonistas, es decir, de las familias, docentes y los propios niños y niñas, una muestra de las cuales hemos recogido en los conversatorios de nuestra iniciativa ‘Escucharnos’.
Ya rebasando más de 60 mil tuits, multitud de comentarios de las audiencias, de los comunicadores y de colegas especialistas en educación, en desarrollo comunitario y en derechos de infancia y juventud, se ha expresado decepción, justificada crítica y llamado a resistir y a oponerse a una extinción que tiene tan siniestras perspectivas de daño en el presente y futuro de nuestra nación. Han expresado su cuestionamiento y su desconcierto autoridades educativas estatales como las de Jalisco y Nuevo León, de Sonora, Chihuahua y Baja California Sur. Destaca también el “No estoy de acuerdo” del gobernador de Sinaloa, el mismo expresidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, y figura del partido hoy en el poder también en la administración federal.
La secretaria de Educación reconoció que la decisión puede causar molestia -efectivamente, y no sólo, sino auténtica indignación- y dejó un resquicio al decir que se está analizando cómo hacer con lo que se pierde. Así que, si nos colocamos con ánimo constructivo y de colaboración concreto, vale la pena enunciar qué podemos hacer para mitigar y revertir esta tan desencaminada decisión.
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Uno, modificar el acuerdo del lunes con un nuevo acuerdo. La SEP tiene todas las atribuciones -y la práctica- para generar una nueva pieza normativa que incorpore los componentes de ampliación de jornada y de alimentación escolar; sobre todo que refleje la intención del Poder Legislativo, el apremio del Poder Judicial contra la regresividad, que incorpore la experiencia, propuesta y compromiso de las entidades federativas; que pueda asumir las recomendaciones de UNICEF, UNESCO y los miembros del Sistema de Protección de Derechos de NNA, y sobre todo que no se brinque el principio de consulta y derecho a opinar de las propias niñas y niños. 14 mil millones bien pueden distribuirse en los 10 mil que se requieren para las jornadas extendidas que generan bienestar, y 4 mil para obra de infraestructura. Dos, ajustar la focalización en el componente de infraestructura para que de verdad se use -y se compruebe uso honesto y efectivo del recurso para el regreso seguro y sustentable. Que de verdad sea para agua, sanitarios, ajustes para ventilación cruzada, techumbre y revertir vandalización o abandono, dejando para después lo accesorio y caprichoso. Tres, fijar criterios sólidos de transparencia y participación; es increíble que empezando su tercer año, LEEN no haya publicado una base consultable de qué escuelas recibieron recursos, cuánto y la evidencia de la mejora lograda; que LEEN no tenga un consejo consultivo permanente, y que no haya mecanismo de decisión conjunta con los estados es un desenfoque a corregir. En resumen: ¿Se puede corregir? Sí. ¿Se puede poner dinero de otros fondos? Sí, para empezar del FONE y del U080, como ya hemos mostrado en otras ocasiones. ¿Habrá conciencia, autocrítica y apertura? Veremos.
