Por Jennifer L. O’Donoghue y Fernando Ruiz.*
La democracia no se agota con los procesos electorales; es más bien un proceso continuo, una construcción social que implica mantener un diálogo público sobre los proyectos sociales y las políticas públicas. Por esta razón, en Mexicanos Primero, con la información pública disponible, nos hemos dado la tarea de monitorear los avances en el cumplimiento del derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes en México.
A casi cuatro años de la promulgación de la reforma constitucional de 2013, ¿en qué situación nos encontramos? Aunque se han hecho importantes avances en el proceso de implementación, no estamos donde deberíamos estar. Nos enfrentamos con barreras a la implementación que limitan nuestra capacidad de aprovechar plenamente los cambios estipulados en la ley.
1.- Los gobiernos estatales entorpecen la implementación de las reformas.
La conducción de los gobiernos estatales ha dejado mucho que desear, por acción u omisión, la mayor parte de ellos incumplen con su responsabilidad, como lo hemos documentado en el Índice de Cumplimiento de la Responsabilidad Educativa (ICRE). Su voluntad de cambio tampoco se ha mostrado en aspectos claves para la transformación educativa. Siguen reacios a someter a concurso todas las plazas vacantes, ocultan a los comisionados sindicales y facilitan su permanencia en medio del desorden administrativo que mantienen en sus registros de personal, no fomentan la participación social y prácticamente ninguno ha instaurado un sistema público efectivo de atención a quejas y denuncias. Una irregularidad lamentable, por su simbolismo, es que incluso las autoridades educativas de 17 entidades federativas cobran un sueldo del fondo destinado para financiar maestros; los secretarios de educación estatales resultan ser los comisionados principales a eliminar.
2.- El gasto educativo no corresponde con lo que la ley manda y las políticas proponen.
Es contradictorio las señales que se envían con los recortes presupuestales de programas educativos fundamentales para hacer efectiva la transformación educativa. Un ejemplo notable es reducir el gasto en formación continua ya que deja a los profesores en servicio desfasados ante la inminente reforma curricular propuesta en el nuevo Modelo Educativo.
3.- No se han fortalecido las capacidades locales para que los cambios lleguen a las escuelas.
La implementación de cualquier reforma educativa sucede a final del día, en la escuela y en el salón de clases. No puedes simplemente mandatar desde arriba y esperar un cambio a nivel local. Requiere de un proceso de concientización, de romper viejos patrones y prácticas y de fortalecer las capacidades de los actores locales de entender y poner en práctica los cambios deseados. Los avances nulos en la reforma de la formación inicial de maestros y en el fortalecimiento de capacidades en las comunidades escolares comprometen el impacto de las reformas en las escuelas.
4.- Las autoridades ceden ante la más mínima presión, restándole legitimidad al proceso y produciendo desánimo.
El INEE ha cedido, en varios momentos, su autonomía para asegurar la implementación óptima de aspectos clave de la reforma. Han dejado que consideraciones de costo económico o político tomen precedencia sobre las técnicas; como resultado, tenemos un instrumento de evaluación docente deficiente por no incluir observación en el aula ni la voz de los alumnos, y sencillamente no contamos con información confiable sobre el aprendizaje de las y los estudiantes. Asimismo, ha sido lamentable como la Secretaría de Gobernación ha negociado acuerdos con el sindicato para limitar la implementación de los cambios normativos en algunos estados. Este tipo de actuación no sólo viola el espíritu de la ley; también produce desánimo. A las autoridades educativas estatales les toca mucho y han respondido poco. Ver estados de excepción sólo sirve para bajar aún más sus incentivos para tomar un papel más activo en la transformación de la educación.
5.- La falta de información, transparencia y rendición de cuentas obstaculiza el monitoreo y deja abierta la puerta a la corrupción.
El sentido de la reforma constitucional es orientar el sistema a garantizar el derecho a aprender de las niñas, niños y jóvenes. Este derecho es progresivo: debemos asegurar que cada vez más niñas y niños lo puedan ejercer y que sigamos ampliando nuestra idea de que es el “máximo logro de aprendizaje”. Hacer esto requiere de información. Sin embargo, no se ha publicado todavía la información que la ley mandata a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) tanto a nivel federal como en los estados.
Asimismo, en los últimos años, los programas para mejorar las condiciones materiales en las escuelas han aumentado, llegando a más de 56 mil escuelas. Esta inversión histórica requiere de una transparencia sin precedente, para que podamos asegurar que el dinero realmente llegue a donde tiene que llegar. Finalmente, ¿Cómo evaluamos el progreso en el derecho si no contamos con un instrumento de medición del aprendizaje? Preocupa mucho la falta de compromiso mostrado por las autoridades para llevar a cabo PLANEA censal en el año 2017.
¿Qué tenemos que hacer en 2017 para remontar estas barreras? Es una pregunta que trataremos de responder la próxima semana.
(Para mayor detalle de la información favor de consultar: http://prioridades2017.mexicanosprimero.org)
* Los autores son Directora de Investigación e investigador de Mexicanos Primero.
