Pese a la pandemia provocada por el COVID-19 y las restricciones en la movilidad que ésta ha ocasionado, en México se prevé un récord en el número de homicidios dolosos registrados para finales del 2020 en nuestro país. Según lo publicado en el Segundo Informe de Gobierno (2020), se estiman 40,863 homicidios acumulados para diciembre de este año; si esto se cumple, 2020 sería el sexto año consecutivo con incremento de homicidios.
Desde el inicio de la “Guerra contra el Narcotráfico” en 2006, los homicidios intencionales han aumentado de manera constante y se han convertido en uno de los temas más preocupantes en la agenda pública. Por otro lado, el gasto público directo para contener y enfrentar la violencia[1] representó 552 mil millones de pesos tan solo en 2019 (IEP, 2020). Sin embargo, a pesar de la atención política y la considerable inversión de recursos, los esfuerzos para frenar el crimen y la violencia han arrojado resultados muy por debajo de las expectativas.
Los niveles de violencia han penetrado a todos los sectores de la sociedad, incluyendo las vidas de las niñas, niños y jóvenes (NNJ). Según la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM, 2019), más de 20 mil niñas, niños y jóvenes han sido víctimas de homicidio doloso desde el año 2000 hasta el cierre del 2019, y más de 7 mil NNJ han desaparecido. Además, según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP, 2020), el feminicidio infantil se ha duplicado en los últimos 5 años. La REDIM también ha documentado el uso de niños soldados en la guerra contra el narcotráfico desde 2011, aunque fue hasta el año pasado que el gobierno reconoció este fenómeno, en la sesión del 30 de abril del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).
Aunque los niveles de violencia en los últimos años han sido tan agudos que han rebasado los de países en guerra, como Afganistán e Irak, no ha habido destrucción masiva de infraestructura, algo que generalmente acompaña a los conflictos armados. Por lo tanto, su impacto en las trayectorias educativas de las NNJ ha sido poco visible, ya que el efecto directo de la violencia en la educación recae principalmente en las decisiones de las personas y sus familias.
Sin embargo, la evidencia en México demuestra que la violencia afecta la educación de las NNJ en tres vertientes principales: el desempeño académico, los años de escolarización y las aspiraciones de continuar con su educación.
Primero, la exposición a la violencia alrededor de las escuelas conduce a un deterioro sustancial en el desempeño educativo de los estudiantes. Michaelsen y Salardi (2018), por ejemplo, encontraron que los resultados en las pruebas ENLACE fueron menores (4.4 puntos menos de un total de 800 puntos) cuando las escuelas estuvieron expuestas a tres o más casos de homicidios cometidos una semana antes de la fecha para presentar la prueba y dentro de un radio de dos kilómetros de los centros escolares. Si bien, el efecto negativo en el desempeño escolar es mucho mayor cuando el homicidio ocurre en la semana previa al examen, el efecto se mantiene incluso si el homicidio ocurrió nueve meses antes de la fecha de la prueba.
Segundo, la violencia también reduce significativamente los años de escolaridad. En su estudio para México, Brown y Velázquez (2017) mostraron que los niveles elevados de exposición a la violencia local tienen un efecto negativo significativo en los años de escolaridad alcanzados por los jóvenes de 14 a 17 años. Específicamente, los jóvenes que vivieron en municipios que pasaron de no experimentar violencia en 2005 a un aumento de la tasa de homicidios –de 15 por cada 100,000 habitantes– en 2009, tuvieron 0.3 años menos de escolaridad. Si los jóvenes además vivieron con padres que trabajaban por cuenta propia, el incremento en la tasa de homicidios tenía un efecto de 0.42 años menos de escolaridad.
Finalmente, la violencia diaria puede minar las aspiraciones de las NNJ para seguir con sus estudios. En un estudio para Brasil, Foureaux y Menezes (2019) muestran que es menos probable que los niños de primaria digan que tienen la intención de ir a la universidad o que son buenos estudiantes después de estar expuestos a la violencia, en forma de homicidios cerca de sus escuelas. En general, los niños están menos interesados en las actividades escolares. Este estudio proporciona evidencia de que la exposición a los homicidios puede deteriorar los incentivos para invertir en su formación, especialmente para los niños, quienes tienen más probabilidades de ser víctimas de homicidios tanto en Brasil como en México.
La violencia crónica de los últimos años, junto con la falta de oportunidades en México, han llevado a un número alarmante de NNJ y sus familias a desplazarse de manera forzada e irregular, dentro o fuera del país. Para aquellos que se quedan en sus comunidades, la exposición a la violencia extrema, incluso dentro y alrededor de las escuelas, limita de manera preocupante sus oportunidades de aprendizaje, rendimiento escolar y, en general, sus trayectorias educativas.
Es importante reconocer que las políticas no educativas afectan los resultados educativos. Así, es aún más urgente definir políticas integrales y robustas que incorporen mecanismos para garantizar la seguridad de las NNJ – dentro y fuera de sus casas – y contrarrestar los efectos de la violencia en sus trayectorias educativas. El principio de equidad exige visibilizar e identificar las áreas donde la educación ha sido más afectada por la violencia y desarrollar programas específicos, en cada nivel educativo, para que todos los estudiantes puedan alcanzar su máximo potencial.
Referencias:
Gobierno de México, (2020). “Segundo Informe de Gobierno, 2019-2020”, disponible en: https://presidente.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/PRESIDENTE%20AMLO%202INFORME%20DE%20GOBIERNO%202019-2020.pdf
Red por los Derechos de la Infancia en México (2019). “Balance Anual 2019, REDIM”, disponible en: http://derechosinfancia.org.mx/documentos/REDIM_Balance_Anual_2019.pdf
Red por los Derechos de la Infancia en México (2011). “Infancia y Conflicto Armado en México 2011, REDIM”, disponible en: http://derechosinfancia.org.mx/documentos/iaespanol.pdf
Michaelsen, Maren M. & Salardi, Paola (2018). “Violence, Psychological Stress and Educational Performance during the ‘War on Drugs’ in Mexico,” HiCN Working Papers 262, Households in Conflict Network.
Brown, Ryan & Velázquez, Andrea, (2017). “The effect of violent crime on the human capital accumulation of young adults,” Journal of Development Economics, Elsevier, vol. 127(C), pages 1-12.
Foureaux Koppensteiner, Martin, Menezes Lvia (2019). “Violence and Human Capital Investments”. Discussion paper series IZA DP No. 12440. http://ftp.iza.org/dp12240.pdf
Institute for Economics & Peace (2020). Mexico Peace Index. Identifying and Measuring the Factors that Drive Peace, Sydney, April 2020. http://visionofhumanity.org/app/uploads/2020/05/ENG-MPI-2020-web.pdf
INEGI (2020). “Estadísticas a propósito del día del niño”. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/EAP_Nino.pdf
Márquez‐Padilla, F, Pérez‐Arce, F, Rodríguez‐Castelán, C. (2019). “Moving to safety and staying in school: The effects of violence on enrollment decisions in Mexico”. Rev Dev Econ. Vol. 23, pages 1624– 1658, disponible en:https://doi.org/10.1111/rode.12625
SESNSP (2020). “Nueva metodología para el registro y clasificación de los delitos y las víctimas para fines estadísticos”, disponible en:
https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom=es
[1] Comprende el gasto en seguridad nacional, en el ejército y en el sistema judicial. El gasto en seguridad nacional comprende los gastos de policía, servicios de protección, costos de custodia y encarcelamiento, vigilancia y seguridad de las personas y los respectivos costos de administración.
