Estamos en riesgo y en oportunidad. La interrupción de la dinámica cotidiana de la escuela –la más larga, profunda y devastadora de la que se tenga registro en México y el mundo– también trajo un nuevo aprecio mutuo entre las familias, por un lado, y las y los docentes y directivos por el otro. Saben que en estas semanas nada fue fácil y se rifaron unas y otros por los niños. La situación de encierro con la pandemia, de cierre generalizado de aulas, nos da una oportunidad: entender que la escuela no es el domicilio, el edificio, sino la comunidad del aprendizaje.
Estamos viviendo una etapa en la cual la familia sale de un extendido letargo y se reconoce a sí misma como comunidad educadora, especialmente en el caso de los adultos con hijos en la escuela pública. En qué grado van, cuáles son los contenidos, qué se les complica, qué realmente extrañan de la escuela, qué aborrecen de ella y ya no quieren topárselo de regreso es algo que ha llenado las conversaciones de padres y madres con sus hijas e hijos estos últimos noventa días. Qué útiles sí tienen y cuáles no, si aprendieron o no a usar computadoras y dispositivos, el estado de los libros de texto… el resguardo compartido ha resultado un curso de inmersión en los hogares sobre lo que realmente les gusta, quieren, saben y pueden esos –por momentos desconocidos– miembros más jóvenes de la familia. Sus añoranzas, sus temores, sus esperanzas, sus juegos y dibujos, sus hábitos ya consolidados, su sentido de propósito sobre lo que depara el nuevo curso escolar tras el verano es un horizonte muy presente y tangible en lo que se vive hoy en cada casa.
Necesitamos entonces comenzar ya una nueva fase en la cual no perdamos esa dedicación e interés de las familias en la formación de sus hijos, y evitar que nos regresemos al desapego y abulia que en mucho dejó sin energía ni participantes a los consejos escolares de participación social. Y ahora, de la oportunidad también brota el riesgo.
En el proceso de armonización de las leyes estatales de educación, que un transitorio de la reforma constitucional de 2019 mandató que se concluyera con límite del 15 de mayo pasado, se ha suscitado una serie de desencuentros, malentendidos y exageraciones que conviene desbrozar. La Ley General de Educación (LGE) se empujó sin reconsideración de la iniciativa original, activando la aplanadora de la mayoría en las dos Cámaras, que la aprobaron en septiembre del año pasado; perdió en varios puntos clave la visión amplia e incluyente del Artículo Tercero. No olvidemos que está por llegar a la discusión de la Suprema Corte de Justicia la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que cuestiona elementos de forma y de fondo en la garantía del derecho a la educación, el derecho a la información y el derecho a la participación que sí están en el nuevo Tercero constitucional, pero no en la nueva LGE. De esa sesgada y empobrecida Ley General, se extrajo una “Ley Marco”, machote divulgado en enero de 2020 y que con mínimos retoques fue la base de la iniciativa de la Ley de Educación de Puebla, y que se le reconoce también como armazón de las demás aprobadas hasta ahora, lo mismo en San Luis Potosí que en Sonora o Michoacán.
Lo triste es que ha sido ocasión para que se busque aprobar el llamado “pin parental”, una cláusula que diputados de variada cepa –PRI, PAN, PES– buscan colar, como lo hicieron ya en el caso del Artículo 4 de la ley de Aguascalientes, la obligación de que la autoridad educativa dé a conocer “…de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones”.
No se puede defender congruentemente un derecho a expensas de otro. El derecho a la participación de las familias no puede ponerse como un filtro discrecional sobre el ejercicio del derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes. Además de su papel clave para una cultura de prevención y denuncia del abuso sexual y como parte del autoconocimiento y autocuidado, una educación que aisle a una niña o niño específico y sus propios derechos sexuales y reproductivos y de su contacto con el mundo es una distorsión que debe combatirse con toda energía. Se tergiversa no sólo el marco de derechos humanos que es parte del orden constitucional, sino que además nos regresa a antes de la pandemia, a varia décadas atrás, a los peores arrebatos del adultocentrismo: la autoridad buscará alejar a las familias de la escuela, tenerlos sólo de respaldo para las contribuciones que alivien su precariedad de falta de jabón y papel y cubrebocas, o máximo como comité de administración de la autoconstrucción no supervisada, mientras que en las posturas radicales lo importante de la participación de las familia no se centrará en lo que niñas y niñas puedan aprender y necesiten para su pleno despliegue, sino lo que sus padres no quieran que aprendan. Así no. Así todos perdemos. Así se atropella y viola el derecho de niñas y niños, y se equipara convicciones a prejuicios.
Es hora de consolidar el vínculo entre las familias y las escuelas. Participar en todo, con razón, con la ley en la mano, pero también con empatía y el aprecio. Saber que la alianza entre madres y padres, maestras y maestros es algo que cada miembro de la nueva generación se merece. Que nadie cierre los espacios, con una “participación” que sea sólo cooperacha y trabajo gratis para los edificios de la escuela. Que la “participación” no sea una censura previa y rancia, el recorte de “Cinema Paradiso” de los besos que los niños no deben ver aunque se tolere y justifique todo tipo de violencias contra las y los más pequeños. Ahora sí nos toca a todos crecer; algo más digno, por favor.
