Se reconoce y aplaude que la Secretaría de Educación Pública (SEP) al fin se haya coordinado con algunos organismos de suma valía para la educación en nuestro país; me refiero a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como MEJOREDU. Desafortunadamente, tal coordinación se logró justo cuando dicho organismo está por desaparecer del mapa educativo, por esas cosas extrañas que solo quien detenta el poder conoce y conoce muy bien.
No es nada nuevo, porque así lo escribí hace algún tiempo, que las aportaciones que MEJOREDU realizó en sus casi seis años de existencia, fueron de singular valía para muchas maestras y maestros insertos en alguno de los niveles educativos de nuestro intricado sistema. Lamentablemente, la falta de coordinación y una evidente confrontación y/o lucha de poderes entre la “Secretaría” y la “Comisión”, impidió que se pudieran gestar políticas o programas de mayor envergadura y alcance en beneficio del profesorado mexicano, pero, sobre todo, de cientos de estudiantes esparcidos a lo largo y ancho de la República Mexicana.
¿Por qué en estos días sí lograron coordinarse estas dos instancias para proponer una evaluación diagnóstica que podría aplicarse en las escuelas de educación básica? Una pregunta cuya respuesta puede ser más que evidente, pero bueno, ya que tocó el tema de la evaluación diagnóstica podría decir que, desafortunadamente, la coordinación que al fin lograron alcanzar estas dependencias para proponer a los docentes un esquema evaluativo no fue la mejor que digamos. Y digo que no fue la mejor que digamos porque, en serio: ¿estamos hablando de una evaluación diagnóstica alineada al plan de estudios 2022 en el marco de la Nueva Escuela Mexicana?, ¿en dónde queda la autonomía profesional que se le otorgó al profesorado y que tanto se cacaraquea desde el despacho de Vasconcelos?, ¿en dónde quedan los fundamentos o principios de una evaluación formativa a partir de, por ejemplo, la observación, el diálogo y la interpretación? Peor aún, ¿estamos hablando de una evaluación diagnóstica aplicada a las niñas y niños, cuyos criterios de valoración arrojarán resultados que los ubicarían en estudiantes que requerirían apoyo para desarrollar el aprendizaje, otros que se colocarían como en proceso de desarrollo y unos más que serían identificados con un aprendizaje desarrollado? En serio, ¿otra vez la clasificación? Vaya, ¿dónde queda la formación y el humanismo?
No imagino a un médico llegando a un hospital a realizar una intervención quirúrgica, pero bajo los criterios que tiene o impone dicho hospital y no los que la experiencia, estudio, conocimiento o especialización del galeno le hayan facultado para ese propósito. Entonces, para el caso que me ocupa, ¿no tendría que ser el docente, con esa experiencia, estudio, conocimiento o especialización, quien tendría que proponer su propia evaluación diagnóstica para los fines que el considere pertinentes?, ¿por qué esa imperiosa necesidad de imponer miradas “alineadas” a un plan de estudios?
Es cierto, con seguridad, alguien podría decir que nada obliga a las maestras y maestros a emplear los instrumentos para la evaluación diagnóstica que se están proponiendo, pero, a fuerza de ser sinceros: ¿acaso en nuestro país, y en muchas de sus entidades federativas, no se impone todo aquello que emana de la SEP o de ciertos organismos autónomos? Insisto, ¿en dónde queda la tan cacaraqueada autonomía profesional que se le ha “otorgado” al magisterio?
Ahora bien, osadamente, alguien podría señalar que las y los docentes no están lo suficientemente preparados para diseñar sus propios instrumentos de evaluación, consecuencia de una deficiente formación inicial o continua, y puede ser relativamente cierto; sin embargo, pienso que precisamente este y otros temas deberían trabajarse con las maestras y maestros a través de programas de fortalecimiento al magisterio como parte de las acciones que emprende, ya sea la Secretaría o MEJOREDU.
Insisto, es de reconocer y aplaudir el esfuerzo hecho, pero, desde mi perspectiva, solo se están proponiendo acciones para paliar algunas de las tantas áreas de oportunidad que enfrenta nuestro sistema educativo, producto de los enormes “huecos” que han dejado los recortes presupuestales y las luchas internas entre dependencias y organismos como los señalados.
Increíblemente, hoy estamos hablando de una evaluación diagnóstica mediante la resolución de unos ejercicios integradores del aprendizaje por parte de las y los estudiantes; dichos ejercicios desde una evaluación situada, pero valorados a través de rúbricas estandarizadas. ¿Alguien entiende la correspondencia o pertinencia entre ambas cuestiones?
¿Dónde habrá colocado la SEP a la observación, los registros anecdóticos, los diarios pedagógicos o de clase, entre otros tantos instrumentos para la recolección de la información que son tan pero tan relevantes para el quehacer cotidiano de los docentes?, ¿por qué priorizar la urgente necesidad de saber en dónde tendría que ser ubicado/clasificado una alumna o alumno dados los criterios de evaluación propuestos?
¿Y si mejor pensamos en fortalecer los esquemas de evaluación formativa, dejamos de asignarle tanta carga administrativa sin sentido a las y los maestros y diseñamos programas de formación continua que acompañen al profesorado, no para un plan de estudios sino para profesionales de la educación que, indistintamente su formación inicial, siempre y en todo momento requerirán de un apoyo pedagógico?
Yo ya no entiendo a esta transformación, pero bueno, como siempre digo: al tiempo.
