Luego de conocer la información derivada de la respuesta que Claudia Sheinbaum pone sobre la mesa nacional de negociación con la CNTE, acontecida este martes 18 de marzo en palacio nacional, propongo unos primeros acercamientos al análisis y quizás algunas lecciones para repensar.
Primero, que el retiro de la iniciativa a la Ley del ISSSTE 2025, es el resultado de un conjunto de acciones de contingentes movilizados, algunos en torno a la CNTE y otros en agrupaciones emergentes que rompieron el cerco de las dirigencias institucionales del SNTE. Las medidas administrativas que traerían algunas mejoras en la atención médica y otros correctivos en el otorgamiento de créditos o en los cobros injustos en estos, ya no serían fondeadas con cargo al salario integrado de los trabajadores del estado.
Segundo, la propuesta parcial de congelar la tabla de jubilación en edad ascendente como va al 2024/2025, no honra el compromiso signado por el ex presidente AMLO de eliminarla por completo. Para ponerle nombre y no sólo números al posible impacto de lo que se propone oficialmente: si fuera el caso del que ahora les escribe, con 22 años en el magisterio, tendría que jubilarme a los 35 y no a los 30 años de servicio como se establecía la legislación antes del 2007. En 13 años y de ahí en adelante, mi ingreso como profesor retirado estaría sumamente precarizado, la UMA como sistema de cálculo de la jubilación mermará considerablemente mi poder adquisitivo, ya que no se actualiza al igual que los incrementos al salario mínimo; estos últimos, muy por encima de la inflación.
Tercero, es por lo anterior, que la continuidad de las movilizaciones y el paro de 72 horas por parte de la CNTE, es una decisión acertada también para todas las resistencias emergentes, en tanto no se observe en la oferta del gobierno federal, cambios sustanciales en las leyes del ISSSTE de 2007 y de USICAMM. Hay un consenso general de que el problema del régimen pensionario radica en la legislación vigente y que es necesario presentar una reforma profunda en esta materia, no sólo al fondo de vivienda o de las medidas crediticias.
Cuarto, la atención presidencial de mesas de negociación por separado, con agendas locales por sección sindical, es una ruta que genera desconfianza, ya sea como estrategia del estado o del movimiento magisterial, porque fragmenta las demandas históricas en materia de seguridad social y las que dieron origen a la rebelión del magisterio nacional en las últimas semanas.
El diálogo y la construcción consensuada de las demandas del magisterio, tiene que darse en espacios más amplios e incluyentes; esto fortalecería la articulación y la organización sostenida de las emergencias magisteriales, así como las posibilidades de mayores alcances en la solución de las necesidades de todos los trabajadores de la educación. No sería la primera vez que la CNTE abra sus órganos de gobierno a través de la Asamblea Nacional Representativa “Ampliada” (entrecomillo para resaltar el agregado), la Convención Magisterial, o bien, en los casos estatales la Asamblea Magisterial de las diversas fuerzas democráticas.
Quinto, del proceso de diálogo irrenunciable en las mesas de alto nivel con los gobiernos de la cuarta transformación, habría que aprender también de los errores cometidos para que las mesas con la presidencia, tal es el caso de la acordada para el próximo 7 de mayo, no se conviertan en la finalidad, sino en el medio. Las mesas deben ser de negociación efectiva y nunca dilatorias, porque las jornadas de movilización tienen siempre un arranque, una cúspide, pero también un descenso que estará siendo leído por el Estado; lo cual obliga a tener planeaciones estratégicas que permitan prolongar el pico de la lucha social. De no haber un instrumento organizativo de respaldo a las demandas del magisterio, como puede ser el paro general para el mes de mayo, los riesgos de negociaciones debilitadas son más probables y podrían tener un impacto negativo en la propuesta de aumento salarial y de la nueva legislación sobre el USICAMM, que se había anunciado para presentarse el día del maestro.
Ahora, las coyunturas orgánicas donde emergen las grandes oleadas de descontento no son eternas, sino cíclicas y a veces tardan lustros o alcanzan décadas en volverse a dar; entonces, una preocupación central de frente a los brotes emergentes tendría que plantearse ¿cómo propiciar organicidad para superar la espontaneidad y sostener la lucha sistemática por los derechos sociales? Con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007 se crearon los movimientos denominados RESISSSTE en los estados, que todavía prevalecen y han reactivado su espíritu original.
En el horizonte actual se alcanza a ver la Red de Defensa Magisterial Chihuahua que tiene su origen en la exigencia a la distribución de libros de texto de la NEM ante la negativa del gobierno conservador de Maru Campos, pero se instituye como tal contra la iniciativa de reforma a la seguridad social 2025; esta, es una organización sin jerarquías, de vocerías horizontales representativas de regiones movilizadas que han alcanzado hasta ocho mil personas protestando simultáneamente. La fuerza de la red preocupa tanto al gobierno local, que sobre sus integrantes pesan amenazas de represión administrativa y salarial; pero, en otros casos se han ejecutado encarcelamientos políticos, como sucedió con el abogado Miguel Godínez Puebla, privado ilegalmente de su libertad la semana anterior por encabezar la defensa jurídica de los maestros de Durango, principalmente del sector indígena. ¿Dónde encuentran interlocución estas problemáticas de los movimientos emergentes a los que también les debemos logros y victorias, si no están llamados a las mesas de negociación federal?
Sexto, la consigna del “es ahora o nunca”, resonando cada vez con más fuerza, recoge la moral de los indignados y debería tenerse en cuenta como ánimo generalizado al plantearse las posibilidades materiales y subjetivas del magisterio para trastocar las bases neoliberales del régimen pensionario de los trabajadores en retiro, del sistema de carrera meritocrático de los docentes en activo y los alcances de la coyuntura orgánica para exigir la renuncia del secretario general del SNTE, por su representación ilegal y conflicto de interés, toda vez que su periodo ya culminó y no debería ser senador al mismo tiempo.
