Por: Sandra Creixell*
La semana pasada, la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un importante precedente en materia de educación incluyente [1].
A grandes rasgos, los ministros resolvieron por unanimidad de los presentes que la educación especial debe servir como apoyo a la educación básica y que no debe entenderse que existen dos sistemas independientes entre sí (educación especial y educación regular), pues esa conclusión necesariamente nos lleva a la segregación. Nos recuerda incluso esa corriente del siglo pasado denominada “separados pero iguales”.
Los detalles del fallo aún no son públicos; para conocerlos debemos esperar el texto definitivo de la sentencia en los próximos días.
Tenemos claro que es un primer paso en el camino para lograr una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo nacional, pero que no es suficiente.
Para romper con las inercias de un sistema fallido, es necesaria más contundencia y, sobre todo, eficacia en los fallos judiciales.
Por lo pronto, es importante destacar que la impugnación realizada por un grupo de 137 personas con discapacidad se hizo en términos genéricos, es decir, la sola previsión legal de la educación especial se reclamó de inconstitucional por ser violatoria de sus derechos humanos, previstos en la Constitución y los tratados internacionales en la materia.
La relevancia de un reclamo así es que, de conseguirse un fallo favorable, no sólo los beneficia a ellos, sino que se logra un precedente genérico de inconstitucionalidad que puede ser invocado en cualquier caso y por cualquier persona.
Desde Aprender Primero, brazo jurídico de Mexicanos Primero, junto con otros aliados [2], hemos acompañado a Citlali, una niña mazahua con síndrome de Down y a su padre, en un juicio de amparo en contra de las autoridades educativas y los congresos locales y federales. En el juicio se reclaman fundamentalmente omisiones de las referidas autoridades pues —al día de hoy— no existen condiciones para la efectiva inclusión de Citlali en una escuela primaria indígena federalizada.
Como anteriormente mencioné, el juicio resuelto la semana pasada es un primer paso para lograr una educación incluyente. Los efectos y repercusiones de ese fallo serán directamente proporcionales a la claridad en la argumentación y los efectos de la sentencia que está pendiente. El juicio de Citlali que puede muy pronto llegar también a la Suprema Corte, será otra oportunidad no sólo para lograr la defensa de sus derechos en lo individual y que sea incluida en la escuela -con todo lo que se requiere para que ejerza su derecho a aprender plenamente-, sino también para sentar otro precedente que nos lleve a una sociedad en la que la inclusión educativa no sea un favor, sino una realidad para cualquier niño o niña con discapacidad.
*Es Directora de Estudios Jurídicos en Mexicanos Primero.
Twitter: @sandracreixell
[1]Amparo en revisión 714/2017.
[2]Centro Estratégico de Impacto Social, A.C., y Aguinaco Abogados.
