La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial.
La propuesta tiene como objetivo establecer que la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México proporcionen transporte público escolar gratuito para las niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de educación básica.
El documento actualmente en revisión por la Comisión de Movilidad con la opinión de la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, propone la adición de un párrafo quinto al artículo 43 de la mencionada legislación.
En su exposición de motivos, Felipe Torres destacó que la iniciativa busca impactar positivamente en la movilidad urbana, especialmente en municipios con una población superior a 100 mil habitantes.
Refirió que el objetivo es reducir la congestión del tráfico vehicular y proporcionar una opción que facilite el acceso de niñas, niños y adolescentes a los centros educativos.
Explicó que la propuesta se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 de la ONU, que busca lograr ciudades más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles.
Actualmente, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece la obligación de proporcionar transporte público gratuito a niñas, niños y adolescentes en localidades rurales e insulares para llegar a sus escuelas, sin embargo, la movilidad en municipios urbanizados no considera como obstáculo el acceso a la educación básica para este grupo.
La legisladora argumentó que el derecho a la ciudad orienta la acción gubernamental en la gestión y planificación urbanas, en concordancia con el bienestar y la calidad de vida de los habitantes urbanos. Según el programa ONU-Hábitat, el derecho a la ciudad implica la posibilidad de habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades justas, inclusivas, seguras, sostenibles y democráticas.
En este contexto, Felipe Torres destacó que los sistemas de movilidad urbana contribuyen al ejercicio de derechos y pueden mejorar o empeorar la calidad de vida de las personas, al tiempo que subrayó que el derecho a la movilidad impacta directamente en la garantía de un medio ambiente sano y en el ejercicio del derecho a la educación, ya que implica barreras físicas y económicas de acceso a la educación.
Por último enfatizó que la respuesta convencional al problema de movilidad urbana ha sido expandir la infraestructura, sin dar suficiente importancia al impulso de sistemas alternativos de movilidad urbana, como el transporte público o sistemas no motorizados no contaminantes.
