“La autoridad del docente no proviene de la imposición, sino del reconocimiento social de su función y de la justicia del sistema que lo respalda.” – François Dubet
En los últimos años, en México se han acumulado diversos casos que evidencian una fractura preocupante en la convivencia escolar y, de manera particular, en el reconocimiento social y jurídico de la labor docente. Agresiones verbales, amenazas, denuncias infundadas, exposición pública en redes sociales y procedimientos administrativos iniciados sin el debido cuidado del debido proceso se han convertido en experiencias cada vez más frecuentes para maestras y maestros de distintos niveles educativos. Estos hechos, lejos de ser episodios aislados, reflejan un clima en el que la figura del docente se ha visto debilitada, no solo en términos simbólicos, sino también en cuanto a las garantías mínimas para ejercer su función con seguridad, certeza y dignidad.
Resulta paradójico que, en un contexto donde se exige a la escuela formar en valores democráticos, respeto, ética y responsabilidad social, se tolere o minimice el menoscabo a la autoridad profesional de quienes encarnan cotidianamente esa tarea formativa. La autoridad docente no es un privilegio personal ni una concesión arbitraria; es una condición funcional indispensable para que el proceso educativo se desarrolle en un entorno de confianza, orden y cuidado mutuo. Cuando esta autoridad se erosiona, no solo se afecta al profesorado, sino que se compromete el derecho del alumnado a aprender en un espacio seguro y pedagógicamente significativo.
La experiencia comparada, como la que se observa en legislaciones como la Ley 15/2010 en España, muestra que el reconocimiento jurídico del profesorado como autoridad pública, la presunción de veracidad de su palabra en el ejercicio de sus funciones y la protección frente a la calumnia, la difamación y la agresión no buscan imponer jerarquías vacías ni silenciar el disenso. Por el contrario, establecen un marco claro de responsabilidades compartidas que delimita con precisión la diferencia entre la crítica legítima y el hostigamiento, entre el desacuerdo y la violencia simbólica o material. Este tipo de normas envían un mensaje contundente: la convivencia escolar no puede sostenerse sobre la desprotección de quienes educan.
En el caso mexicano, a pesar de esfuerzos incipientes en términos le legislación, la reiteración de conflictos y la ausencia de un respaldo normativo explícito y homogéneo a nivel nacional hacen evidente la necesidad de impulsar acciones concurrentes que fortalezcan estas líneas. No se trata únicamente de reformas legales, sino de una política pública integral que articule legislación, protocolos institucionales, formación en cultura de la legalidad y estrategias de concientización social. Reconocer al profesorado, proteger su honor profesional, establecer consecuencias claras frente a la difamación o la agresión y garantizar procedimientos justos ante cualquier señalamiento son pasos indispensables para reconstruir el tejido de confianza en los centros educativos.
Hacer explícitas estas líneas en el marco nacional implica asumir que la dignificación de la docencia es un asunto de interés público. Implica también reconocer que sin respeto mutuo, sin reconocimiento de la autoridad profesional y sin respaldo institucional, cualquier discurso sobre innovación educativa, mejora continua o transformación pedagógica queda vacío de contenido. Fortalecer al profesorado no es un acto corporativo ni defensivo; es una apuesta por una educación más justa, más ética y más coherente con los valores que se pretende formar en niñas, niños y adolescentes. En última instancia, proteger a quienes enseñan es también enseñar, con el ejemplo, que el respeto y la responsabilidad no son opcionales en una sociedad que aspira a ser verdaderamente democrática. Porque la educación es el camino…
