La propuesta educativa del gobierno de México presenta claroscuros, pues si bien eliminó las reformas de la gestión anterior, aprobó la gratuidad y planteó alcanzar una cobertura de 50 por ciento en el nivel superior, con los recursos asignados y el desafío que representa destinar mayor presupuesto para enfrentar la pandemia del COVID-19 será difícil lograr ambos objetivos, coincidieron especialistas convocados por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
De acuerdo con el doctor Juan Carlos López García, profesor del Departamento de Estudios Culturales de la Unidad Lerma, en estos dos primeros años dela presente administración “hemos sido testigos de nombramientos que afianzan el control estatal y la aplicación de recortes”, mientras que la Ley General de Educación Superior suscita dudas debido a su particular arquitectura, ya que se otorga la potestad a órganos colegiados para la deliberación de mecanismos de acción social.
Y es que destacó que el proyecto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior refería la creación de un consejo nacional y los estatales como órganos con facultades deliberativas, de consulta y consenso entre las autoridades central y locales, pero la diferencia ha sido la integración de estos cuerpos, ya que la ANUIES hablaba de una participación de 12 por ciento del lado federal y en la Ley aprobada creció a 50 por ciento.
Esto significa que hay una sobrerrepresentación de la parte oficial y tal parece que la modificación va de arriba para abajo, por lo que está latente el riesgo de la intervención gubernamental en las universidades en temas sobre la definición de matrículas escolares.
Pese a los anterior, entre los puntos a destacar están la autonomía de las instituciones; el reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad del país; el establecimiento de una visión de género para que sean espacios libres de violencia, y la promoción y el uso de las nuevas tecnologías.
Para llegar a 50 por ciento de cobertura se ha puesto en marcha la estrategia de crear las Universidades del Bienestar, pero esto sólo tiene sentido si el derecho a la educación aminora brechas históricas, con el otorgamiento de una buena formación.
La importancia excesiva a fines que quizá no sean los que persigue el proceso pedagógico parece haber llevado a prácticas que desde el punto de vista académico no son adecuadas, pues el acceso a la universidad no deja de ser un acto de justicia social, pero debiera preguntarse cuáles son los mejores medios para alcanzar una mayor cobertura.
López García apuntó que es probable que la Ley se quede en letra muerta, “pero debemos analizar cuáles son sus aciertos y deliberar sobre los propósitos del proyecto que apuesta todo a la ampliación de la matrícula, como anteriormente se aventuró a la productividad, ocasionando problemas en la enseñanza universitaria. El riesgo de la política en la materia ha sido el dilema entre educar o entrenar a los estudiantes”.
Por su parte la doctora Alejandra Ávalos Rogel, jefa de investigación educativa del Instituto Politécnico Nacional, refirió que las 400 escuelas normales que forman docentes en el país lo hacen en condiciones muy complicadas.
Explicó que hacia los años 80 del siglo pasado, la matrícula escolar era muy alta, pero se redujo en los dos últimos sexenios y ahora ha vuelto a crecer.
“Sin embargo, de un presupuesto anterior de 847 millones anuales ahora fue reducido a 20 millones para este año, lo que representa una caída de 70 por ciento”, dijo.
Agregó que las normales hacen el esfuerzo para que no haya deserción y, no obstante, muchos jóvenes, por su condición de pobreza, carecen de computadora y sólo algunos poseen teléfono celular, algo que se ha complicado por la pandemia y los escasos recursos gubernamentales.
“La iniciativa de las autoridades de apoyar se ha quedado en un tema muy borroso que no se concreta en los hechos, pues con la reforma al artículo tercero constitucional las normales siguen amarradas a las decisiones oficiales y de las administraciones estatales”.
En tanto que el doctor Miguel Ángel Vértiz Galván, docente de la Universidad Pedagógica Nacional, destacó que la emergencia sanitaria ha afectado a la educación y que ningún régimen estaba preparado para enfrentarla.
Afirmó que con dos años de gestión existen tensiones entre gobernanza y gobernabilidad, aunque se advierte un cambio de rumbo en los planes Nacional de Desarrollo y el sectorial respectivo, así como elementos que no se recuperaron del decálogo presentado por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, concluyó.
Cabe señalar que los especialistas participaron en el Foro: La política educativa. Alcances y prospectiva a dos años de gobierno de la 4T, un esfuerzo del Grupo Coordinador de Foros de Ciencias Sociales y Humanidades integrado por profesores de las cinco sedes académicas de la UAM, con el fin de contribuir a la reflexión en torno a los problemas nacionales, planteando propuestas que nutran a las políticas públicas.
