¡No disparen!, gritó Ernesto con los brazos temblando en el aire y los ojos húmedos. Ya mataron a uno. Llamen a una ambulancia.
No hubo contestación de lado de los policías. Se escucharon risas.
Somos estudiantes, dijo Ernesto desesperado. Le dieron a nuestro compañero.
Entonces oyeron una voz proveniente de un cuerpo informe a varios metros de distancia, desde la boca anónima de la noche. Los muchachos de las caras embozadas hicieron viseras con las manos pero no reconocieron a nadie. Los verdugos iban vestidos de negro de pies a cabeza y ese negro se amalgamaba con el negro más profundo de la noche.
Ahora sí se los va a cargar la chingada (fragmento del libro: Ayotzinapa, el rostro de los desaparecidos, de Tryno Maldonado).
El próximo 26 y 27 de septiembre se cumplen 7 años de los trágicos hechos ocurridos en Iguala, Guerrero; 7 años de una búsqueda incesante; 7 años de una verdad lacerante denominada “crimen de estado”.
Y es que hoy, más que nunca, se tienen los argumentos necesarios para sostener una afirmación de esta naturaleza; no hay más, repito: fue el estado; porque un crimen de estado corresponde a un acto sistemático cometido por un gobierno o agencia del gobierno, de acuerdo a un plan o política preconcebida, que permite la realización repetida de actos inhumanos contrarios a las leyes de ese mismo gobierno o del derecho y principios internacionales reconocidos.
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De sobra es sabido que, durante el peñanietismo, se construyó la más terrible de las falsedades jurídicas para sustentar la llamada “verdad histórica” pues, con el paso del tiempo, y de la evidencia que ha sido recuperada de las distintas acciones, capturas y procesos penales en curso, tanto de los presuntos delincuentes como de los policías municipales, estatales y federales involucrados en tales hechos, se comprueba que el estado tuvo una participación directa en este acto de barbarie.
Acto del que se desprende la más absurda de las incertidumbres jurídicas y del que aún, en pleno 2021, no hay ningún responsable tras las rejas, con una sentencia definitiva por estos delitos, ya sea de cualquier funcionario o servidor público de los diferentes órdenes de gobierno o de los grupos delictivos que presuntamente participaron bajo el mando del Ejército Mexicano. De hecho, como hemos sabido, han sido puesto en libertad más de 70 presuntos implicados en el caso Ayotzinapa de los 142 detenidos por su presunta participación y responsabilidad de la comisión de diversos delitos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Gro.
De Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal y presunto participante en la desaparición de esos 43 normalistas poco se sabe; hoy día está prófugo de la justicia mexicana y, en semanas pasadas, un juez resolvió no conceder amparo por su probable participación en actos de tortura, desaparición forzada y por la administración de la justicia en torno a los hechos de septiembre de 2014.
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Por lo que respecta al general Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, fue liberado, por el gobierno autodenominado de la cuarta transformación, de cargos relacionados con el narcotráfico y otros delitos, entre los que se consideraba la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa pues, según la Fiscalía General de la República (FGR), en enero de este año, no halló elementos probatorios que demostraran vínculos entre dicho ex secretario y los grupos criminales, aun y cuando fue documentado y demostrado, por ejemplo, por la periodista Anabel Hernández, que dicho general mintió al asegurar en 2014, que ningún militar había conocido de los hechos ocurridos en Iguala ni que hubieran participado en éstos porque el día de los hechos el 27 batallón de infantería estaba vacío; argumento de esta periodista que, encuentra sentido y se confirma cuando en septiembre de 2020, el presidente López Obrador, anunció que la misma FGR había obtenido y ejecutaría órdenes de aprehensión contra militares presuntamente vinculados con la desaparición de esos 43 normalistas. ¿Por qué las contradicciones?, ¿qué pasó con aquello de “cero” impunidad?
En lo concerniente al matrimonio conocido como los “Abarca” – José Luis y María de los Ángeles Pineda, ex alcalde de Iguala y ex directora del DIF en la misma municipalidad –, presuntos implicados en la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, siguen presos en distintos penales de la República Mexicana, lugar desde el que continúan sus procesos penales y de los que, por obvias razones, no han salido, pero tampoco se ha emitido una resolución definitiva.
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Finalmente, por lo que toca a Ángel Rivero Aguirre, ex gobernador de la entidad guerrerense; Jesús Murillo Karam y Arely Gómez, ex procuradores generales de la República en el sexenio peñanietista, y el mismo ex presidente Enrique Peña Nieto, gozan de las mieles de la libertad sin que nadie de las altas esferas del poder de este sexenio, se haya atrevido a tocar su nombre en las investigaciones que, según el mismo Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, siguen el debido proceso. Es más, en un hecho sin precedentes, el propio presidente López Obrador hace unos meses, declaró que los actos cometidos en contra de los alumnos de Ayotzinapa no era un “crimen de estado”, entonces ¿cómo se le nombra, jurídicamente, a tales aberraciones lacerantes cometidas en contra de seres humanos? En fin.
¿Qué es lo que ha pasado con los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos? Desde 2014 su lucha ha sido incansable, incesante e inquebrantable, pues qué padre de familia no haría lo mismo por buscar y encontrar con vida a sus hijos.
En cierto, con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de este país, se abrió una luz de esperanza que permitiera conocer la verdad de tan lamentables hechos en los que el estado mexicano fue enteramente responsable de lo sucedido. No obstante, y como él mismo lo ha afirmado y reconocido, éste es un compromiso incumplido de su gobierno y eso que ya llevamos prácticamente tres años desde que tomó posesión de su encargo.
De alguno de esos “voceros” del movimiento y “ex alumnos” de esta Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” se sabe que hoy, por ejemplo, alguno de ellos ocupa una curul en la Cámara de Diputados pues ha llegado a ser Diputado Federal por MORENA. ¿Cuál fue su mérito? Probablemente, tal y como se lee en su propia página de Facebook: ser “uno de los sobrevivientes del 26 y 27 de septiembre de 2014”; esto, aunque existan versiones de egresados de esa misma escuela normal que demuestran y evidencian lo contrario.
Sí, han sido 7 años de una búsqueda incesante; sí, han sido 7 años que evidencian la podredumbre del sistema judicial mexicano; sí, han sido 7 años y 3 del nuevo gobierno en el que nada ha cambiado.
Sí, nada ha cambiado pues esa búsqueda es hoy, más que nunca, un hecho inquebrantable, aunque haya quienes afirmen lo contrario cegados por una inepcia simpatía por quien ocupa Palacio Nacional en estos momentos.
¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!
¡Ayotzi vive, la lucha sigue!
