A unos cuantos días de que arrancara el ciclo escolar 2021-2022, el Secretario de Educación de Colima, Jaime Flores Merlo, por fin realizó el anuncio sobre las modalidades del regreso a clases. Afirmó, sin dejar lugar a dudas, que en los contextos urbanos con mayor densidad demográfica sería cada escuela, a través de su Consejo Técnico, la que decidiría la forma de reanudar las actividades académicas (presencial, a distancia o mixta), tal como lo señalaba un documento que llegó a directivos y docentes un día antes del evento. Enfatizó una vez más en la autonomía del máximo órgano colegiado de las escuelas, destacando que las sugerencias expresadas en el evento de ninguna manera deberían ser entendidas como un intento de imposición.
Parecería que las palabras del secretario inaugurarían intensas sesiones de debate y deliberación al interior de los Consejos Técnicos Escolares, pero no fue así necesariamente en todos los casos. El director no perdió tiempo en llamar a su supervisor para preguntarle qué debía hacer. Éste le respondió que esperaría la indicación de su jefe de sector, quien a su vez se comprometió a consultar directamente en la Secretaría la decisión a tomar. Irónicamente, la cadena de llamadas terminó exactamente en la misma oficina desde donde se emitió el documento que apelaba a la autonomía de los Consejos Técnicos Escolares: la decisión que debió haberse tomado por los de abajo, terminó siendo tomada, en algunos casos, por los de arriba.
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Si bien lo expresado en el párrafo anterior parece más el argumento de una mala película (¿basada en hechos reales?), lo que sigue no es producto de la imaginación. Funcionarios intermedios empezaron a poner piedritas en el camino de la autonomía de gestión del Consejo Técnico Escolar, sobre todo si se había llegado a una conclusión no tan grata para la autoridad: el trabajo a distancia. Se dijo, cual inquisidor que se dispone a quemar libros prohibidos, que los oficios en los que los colectivos elegían esta modalidad habían sido turnados al área jurídica de la Secretaría. Algunos funcionarios informaron a las escuelas que serían acreedoras a sanciones administrativas al no presentarse a las aulas, pese a estar contemplado el trabajo remoto en la estrategia de regreso a clases. Otras medidas rayaron, de plano, en lo absurdo: los profesores pueden trabajar a distancia (desde su casa, en la mayoría de los casos, pues en la escuela no hay internet), pero tienen que firmar diariamente su entrada y salida en sus respectivos centros de trabajo.
¿Para qué hablar entonces de autonomía de los Consejos Técnicos Escolares? ¿Sólo para aparentar democracia y pluralidad mientras discretamente se busca la verticalidad en las decisiones? ¿Se aplaude a la soberanía de cada escuela sólo si coincide con las intenciones de la autoridad? ¿Es necesario siempre voltear hacia arriba para esperar una indicación? Para ser justos, se debe decir que las afectaciones a la autonomía escolar no fueron responsabilidad única de las autoridades educativas, sino también de los propios maestros y directivos, quienes optaron por no decidir libremente y sujetarse a las disposiciones de personas que ignoran o minimizan las condiciones particulares de cada contexto escolar hacia los cuales dirigen sus órdenes.
Si algo dejó claro la pandemia es que la capacidad creativa y de decisión de muchos planteles y docentes les ha permitido sortear con éxito la gran diversidad de retos que se presentan… con, sin o a pesar de la autoridad. Sin duda, decidir es más complejo que obedecer. Qué bueno por aquellas escuelas que tomaron una decisión, sea la que sea, fundamentadas en un análisis propio de la realidad de su contexto y con la seguridad plena de estar obrando con rumbo y condiciones. Ojalá, aquellas que dejaron que alguien más decidiera, no sean presa de dudas y temores, pues las exigencias actuales no dan mucho margen de error. Está en los maestros y los directivos defender y ejercer la autonomía del Consejo Técnico Escolar: si no son ellos, ¿entonces quién?
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