La lucha de las y los Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), como docentes que cumplen esa función de manera temporal, se ha desarrollado a lo largo de los últimos 5 años, a raíz de que estas figuras educativas del Sistema Educativo Nacional (SEN), fueron reconocidas por primera vez en la legislación federal en materia educativa (2013-2014). Recientemente, en Palacio Nacional, una maestra que cumple funciones como ATP, se manifestó en una de las conferencias mañaneras del presidente López Obrador, con quien se entabló un diálogo acerca de la necesidad que tienen los ATP de ser reconocidos y respetados en sus derechos; luego del cual el titular del Ejecutivo federal dio instrucciones para que se atendieran sus peticiones.
Aunque existen antecedentes del reconocimiento, en normas de la SEP, de esta importante figura educativa en el SEN, (la SEP había tomado acuerdos previos en torno a los ATP de Educación Indígena), es hasta el año de 2013, con la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSDP), que los ATP son reconocidos como figuras sobresalientes en los proyectos para fortalecer las tareas educativas en general, a través del Sistema de Asesoría Técnica a la Escuela (SATE), y con la finalidad de apuntalar la dimensión técnico pedagógica y curricular en la escuela pública, en particular.
Tal como lo informa el Comité Nacional de Asesores Técnico Pedagógicos, en redes sociales (1): “La primera generación de Asesores Técnico Pedagógicos surge en el 2015, de la convocatoria de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Los docentes que se promovieron en dicho año cumplieron su proceso de inducción durante dos ciclos escolares conforme a lo establecido por la ley arriba mencionada; pero al presentar la evaluación del desempeño para ratificar la función y acreditar el derecho a un nombramiento definitivo, ésta fue cancelada por irregularidades en su diseño, sin mayor explicación … Desde entonces el ATP ha vivido una serie de arbitrariedades profesionales y económicas, las cuales han afectado la estabilidad laboral, salarial y por supuesto emocional. Es entonces cuando nace el Comité Nacional de Asesores Técnico Pedagógicos, el 11 de agosto de 2017, como una necesidad de organización… El Comité Nacional de Asesores Técnico Pedagógicos, está integrado por (docentes que cumplen con esta función en) 28 estados. Su fin es crear un espacio de colaboración y apoyo a todos los ATP del país, para la mejora de su práctica en la zona escolar donde se desempeñe, teniendo un gran impacto en la mejora de las escuelas, directivos, docentes y en los alumnos.” (2)
La Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), aprobada en 2013, y que representaba la piedra jurídica angular de la Reforma Educativa del Gobierno de Enrique Peña Nieto, establecía los términos en que se reconocería la figura de los docentes que llevaban a cabo funciones como Asesores Técnico Pedagógicos (ATP), así como los procesos de evaluación que los regularían. El Artículo 41 de dicha Ley, ubicado en el Capítulo VI. “De otras Promociones en el Servicio”, a la letra decía: “El Nombramiento como Personal Docente con Funciones de Asesoría Técnica Pedagógica será considerado como una Promoción. La selección se llevará a cabo mediante concurso de oposición de conformidad con lo señalado en el Título Segundo, Capítulo IV de esta Ley. El personal seleccionado estará sujeto a un periodo de inducción con duración de dos años ininterrumpidos, a cursos de actualización profesional y a una evaluación para determinar si cumple con las exigencias propias de la función.” … “Durante el periodo de inducción el personal recibirá Incentivos temporales y continuará con su plaza docente. En caso de que acredite la suficiencia en el nivel de desempeño correspondiente al término del periodo de inducción, la Autoridad Educativa u Organismo Descentralizado otorgará el Nombramiento Definitivo con la categoría de Asesor Técnico Pedagógico prevista en la estructura ocupacional autorizada.”
Hoy en día, ante la inminencia de la aprobación de la Ley del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, y de otras leyes secundarias en materia educativa, en el marco de las reformas incorporadas al Artículo Tercero Constitucional (15 de mayo, 2019), los ATP tienen fundadas razones para pensar que no serán tomados en cuenta en el texto de la nueva ley reglamentaria, y que sus derechos como docentes en funciones de ATP, no serán reconocidos en la legislación. De ahí la importancia y vigencia de su lucha.
Se calcula que alrededor de 11 mil docentes del SEN se encuentran registrados como docentes que han sido legalmente promovidos para ejercer la función como ATP, en el país.
Ante un panorama adverso o para evitar que no se les margine en la toma de decisiones legislativas, los ATP proponen que el texto de la nueva ley establezca lo siguiente:
1) “El personal que realiza funciones de asesoría técnico pedagógica y cuente con experiencia mínima de 5 años en esa función, pueda participar en el proceso de selección para promoverse al puesto de supervisor o inspector de zona escolar”.
2) “El personal docente que haya participado en un proceso de promoción para ejercer funciones como ATP, en educación básica y media superior, en términos de la LGSPD, y que al momento de su abrogación (mayo, 2019) se encontraban en proceso de inducción, se les otorgue el nombramiento y clave presupuestal definitiva como ATP, con las garantías laborales que esto conlleva, en un periodo no mayor a 60 días, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley. Mientras tanto recibirán el incentivo correspondiente.”
3) “El personal docente que haya participado en un proceso de promoción para ejercer funciones como ATP, en educación básica y media superior, en términos de la LGSPD, podrá participar en los procesos de promoción al puesto superior inmediato al cargo de supervisor o inspector de zona escolar, así como acceder a los incentivos del programa de promoción horizontal”.
El pasado 15 de septiembre una comisión de representantes de las y los ATP se reunió con legisladores federales, específicamente de la Junta de Coordinación Política y con integrantes de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados federal, a efecto de revisar, analizar y en su caso, incorporar estas propuestas en el cuerpo de la nueva ley.
Ojalá que las y los ATP sean escuchados en sus justas demandas, y que la figura que ellos representan no sólo sea reconocida en las leyes en materia educativa, sino que también sean apoyados en sus procesos de profesionalización o formación continua, dentro de la importante función que realizan, que es dotar de un verdadero espíritu académico y asegurar el derecho pleno a la educación de las niñas, los niños, y las y los jóvenes que se encuentran activos o participan en la escuela pública mexicana.
Fuentes consultadas:
(1) Según la información publicada en el portal del Comité Nacional de Asesores Técnico Pedagógicos (CONATP), en Facebook.
(2) Para leer una exposición más detallada del conflicto, ver mi artículo “La SEP y el INEE: Problemas en evaluación de ATP”, SDP Noticias, 15 de agosto, 2017.
Artículo publicado en SDPnoticias.
