La Comisión de Educación aprobó con 18 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones, el dictamen que deroga diversas disposiciones de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), con el objetivo de eliminar todo viso punitivo que obligue a los maestros a realizar los procesos de evaluación que contempla dicha ley
Se trata de un dictamen elaborado por la instancia que preside la diputada Adela Piña Bernal de MORENA, el cual aseguran comparte la preocupación de las y los educadores de México, por la afectación a sus derechos laborales.
Y es que aseguran que los indicadores de organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), advierten que a pesar de haber sido una de las principales promotoras de la reforma educativa, reconoce que el país continua presentando rezagos muy significativos en la materia.
Expresaron que dichos indicadores de la OCDE, son “un viso importante del inminente fracaso de la reforma de 2013”.
Asimismo afirman desde la Comisión de Educación, que el dictamen constituye sólo un primer paso, de los muchos que se tendrán que dar para contar, en materia educativa, con un marco jurídico eficiente, eficaz, legítimo y confiable, acorde a la realidad y necesidades del país y de cada una de sus regiones, a través de la discusión, debate y consenso.
Y es que precisan que el documento reconoce que la educación es base esencial para lograr el crecimiento de la nación y, en este sentido, debe constituirse en el eje principal de su progreso.
En ese sentido expresaron que con el dictamen, “la Cámara de Diputados desea enviar un mensaje a todo el magisterio nacional, para que tengan certeza de que sus derechos laborales no serán afectados y que se trabajará en torno a la construcción de un nuevo andamiaje jurídico que también garantice el interés superior de la niñez y de la juventud mexicana para acceder a una educación integral”.
Sin embargo, la Presidenta de la Comisión precisó que el dictamen no constituye la derogación completa de la reforma educativa sino que únicamente se busca quitar de la ley docente todo aspecto punible contra los maestros.
“El dictamen es únicamente para quitar lo punible, porque hasta el día 30 de noviembre las autoridades buscan, a través de oficios a los profesores, que se presenten a la evaluación. Esto es un primer pasó, efectivamente, para la intención que tienen las iniciativas más amplias de revertir la Reforma Educativa”.
Puntualizó que la calidad de la educación, no se logrará solo a partir de un servicio profesional docente, que evalúe solo a uno de los actores del Sistema Educativo Nacional, y que para obtener las condiciones de eficacia y garantizar el interés superior del niño a recibir una educación de calidad, se requiere de una reforma integral, dejando de lado la visión de que las y los docentes son los únicos responsables de la catástrofe educativa que se vive en México, pues se debe reconocer la complejidad del fenómeno educativo y escolar que ocurre en nuestro país.
Cabe señalar que legisladores del Partido Revolucionario Institucional y de Acción Nacional se manifestaron en contra de la medida, como el caso de la diputada priista Cynthia Iliana López Castro, quien mencionó que la Reforma Educativa no practica una evaluación punitiva; por el contrario, se da a los profesores tres oportunidades para presentarla.
En tanto que la diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas estimó como grave que se quiera ir en retroceso y aclaró que Acción Nacional no está en contra de los derechos laborales de los maestros, por el contrario, “los hemos defendido siempre”, pero estimó que el principal objetivo de la Comisión de Educación es el interés superior de los niños y jóvenes, por lo tanto, se dijo preocupada por lo que consideró un retroceso.
