
Según la SEP, las acciones beneficiarán a todas aquellas personas que sean deportadas o migren voluntariamente de Estados Unidos a territorio nacional, y que el Estado mexicano está obligado constitucionalmente a proveerles educación obligatoria o garantizarles oportunidades de acceso a la educación superior.
“Adicionalmente, en los próximos días el Ejecutivo Federal enviará al Senado de la República una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación, con el objeto de que dichas acciones y medidas formen parte de la normatividad educativa de manera permanente”, explicó la SEP en un comunicado de prensa.
En ese sentido, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, subrayó que el Gobierno Federal tiene como prioridad otorgar facilidades para al ingreso de los beneficiarios, sin importar su condición migratoria o los documentos con los que cuenten