De aprobarse la iniciativa de reforma educativa, no sólo desparecerá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), sino también la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), la cual regulaba los distintos procesos de evaluación de los maestros.
Según la iniciativa que se prevé analizar en el Congreso de la Unión el próximo miércoles, los maestros tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.
Señala que la ley establecerá las disposiciones para la creación de un Sistema para la Carrera de los maestros que se encuentran en servicio docente, directivo o de supervisión.
En cuanto al ingreso, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función magisterial, directiva o de supervisión, se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de circunstancias, los cuales serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educandos.
Precisa que en ningún caso se afectará la permanencia de las y los maestros en el servicio docente.
La iniciativa en el segundo transitorio señala que a partir de la entrada en vigor del Decreto de reforma educativa, se abroga la Ley General del Servicio Profesional Docente, y se derogan todas las disposiciones contenidas en las leyes secundarias, quedando sin efectos los reglamentos, acuerdos y disposiciones de carácter general contrarias a dicho Decreto.
Precisa que hasta en tanto el Congreso de la Unión expida la ley en materia del Servicio de Carrera de las y los maestros, se suspenderá cualquier evaluación y permanecerán vigentes las disposiciones que facultan a la actual Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, para proveer las medidas necesarias y dar cumplimiento a los procesos derivados del Servicio Profesional Docente.
Puntualiza que en la aplicación del nuevo Decreto de reforma educativa, se respetarán los derechos adquiridos de las y los maestros, los cuales no podrán ser restringidos o afectados de manera retroactiva con las disposiciones de nueva creación.