Para impulsar y defender el derecho a la educación hay muchos caminos: sirve hacer investigaciones y diagnósticos, sirve documentar buenas prácticas, sirve organizar quejas y hacer llegar peticiones. El recurrir a una demanda de amparo es activar una vía que tiene su complejidad técnica, pues hay que presentar datos, argumentos y el marco normativo en forma detallada y convincente. Requiere paciencia, por la dinámica parsimoniosa propia de los tribunales, y la importancia de respetar plazos e instancias. Es una vía larga pero sólida, por la posibilidad de pedirle aclaraciones a las partes, y que presenten evidencias. Es un trayecto que en su momento culmen puede derivar en una acción de bien público, contundente y vigilada, la forma de impartir justicia y hacer efectivo el derecho en la forma que mande –en una suspensión definitiva o en el cumplimiento de la sentencia– el juzgador respectivo.
Los gobiernos facciosos y verticales, los funcionarios autoritarios, soberbios y poco dispuestos a rendir cuentas, ven al juicio de amparo como un obstáculo. Y lo es; lo es para un poder que se pretenda sin cortapisas ni contrapesos, sin balance democrático, para quienes la tarea de conducir se entiende en forma patrimonialista, como si tratara de un botín, una herencia o una revancha histórica. En cambio, para el poder público como servicio, para la soberanía del pueblo como realidad auténtica –y no como mera consigna para el libro de texto y el festejo patrio– el amparo es un recurso clave; es un ‘juicio de garantías’, como se dice en la teoría constitucionalista contemporánea, una barrera al atropello, un volver a equilibrar la asimetría entre gobernantes y gobernados, cuando el Poder Judicial le manda al Ejecutivo o al Legislativo que se atengan al fundamento mismo del pacto cívico: los gobiernos sólo son legítimos si respetan y promueven los derechos de los ciudadanos.
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Aprender Primero, el brazo jurídico de Mexicanos Primero, tiene un historial de demandas de amparo que han favorecido decisiones históricas. En la semana pasada se dieron dos nuevos hitos en este camino. Tras un largo proceso de estudio y revisión, el juez octavo de Distrito en la Ciudad de México determinó que la justicia ampara a nuestra organización en la demanda de que se den los recursos suficientes y los procesos transparentes para las jornadas ampliadas, los montos para alimentación, materiales, asistencia técnica, estrategias de inclusión y demás aspectos que hacen efectivos los objetivos de Tiempo Completo dentro del programa La Escuela es Nuestra. En su momento advertimos que era una regresión eliminar un programa con reglas de operación e historial de éxito por una enorme bolsa, un programa territorial manejado por los ‘servidores de la nación’ que sólo tiene lineamientos y que hoy, aunque se la presente como la principal inversión pública de la federación para reactivar el regreso a clases, no tiene reportes públicos ni evaluaciones objetivas; sustituyendo el enfoque en el desarrollo y aprendizaje de las y los estudiantes con un acercamiento asistencialista, hoy tenemos un opaco programa de mejoras materiales que engulló objetivos educativos e incumple el ejercicio de derechos de poblaciones vulnerables que ya se atendían.
La corrección que mandata el juez pide la integridad del monto previo, y una fiscalización que garantice la transparencia y la objetividad del manejo de los recursos públicos. La lección debe quedar como precedente para que Hacienda, la SEP y sobre todo la Cámara de Diputados, que debe aprobar en las semanas próximas el Presupuesto federal para 2022, no reiteren la omisión de estos cumplimientos, y no repitan la pifia.
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Por supuesto que tiene que haber recursos para infraestructura y materiales, y con máxima eficacia y premura, para que el proceso de regreso a las aulas sea seguro, digno y sustentable. Por ello, como lo demandamos al juez primero de Distrito de la Ciudad de México y él lo instruyó como ‘suspensión provisional’ (una obligación de ejecución inmediata, para que una autoridad deje de ser omisa, mandada por el juez que está revisando el amparo), SEP y Salud deben presentar protocolos en forma, así como –en la coordinación de autoridades– arrancarse procesos sólidos para dotar de agua a toda escuela faltante, y garantizar cubrebocas, termómetros y sanitizantes a cada plantel. Los demandados, como es su derecho, recurrieron a un tribunal colegiado pidiendo que no se aceptara la suspensión; les respondieron en negativa. En resumen: a cumplir.
La omisión es más difícil de demostrar y de remontar que las acciones obvias de ataque a los derechos; pueden, sin duda, implicar negligencia y corrupción, o sencillamente ser desenfoque y falta de escucha a las necesidades de las poblaciones y a las propuestas de otros sectores. Pero cuando el amparo las muestra como injusticias, ya no tienen cabida, ni pretexto. En resumen, de nuevo: hay que acabar con la omisión. A cumplir.
