2022 comienza con nuevo ataque contra la educación pública

"La problemática presente en la ENAH pone en entredicho diversas premisas que el gobierno federal ha presentado como parte de su cruzada contra la corrupción dentro de las universidades y organismos descentralizados..."

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México recibe el año nuevo en medio de un repunte de contagios por COVID-19 y el incremento en la expectativa de la inflación, un escenario poco favorable para la reactivación de las actividades económicas en 2022, en especial en las universidades y escuelas del país, que, ante el regreso a las clases presenciales previsto en las principales instituciones de educación superior, el tema del presupuesto y salud se vuelven decisivos, debido a los diversos retos y conflictos que surgirán y otros que se reactivan en medio de un panorama de precariedad laboral y austeridad presupuestaria, para ejemplo de ello, abordaremos el caso de las protestas recientes en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Primero los hechos: ¿qué detonó la ola de protestas en la ENAH?

A pocos días de finalizar el año, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dirigió un oficio a los titulares y administrativos de las unidades a su cargo (entre las que se encuentra la ENAH) donde se indicaba que “a partir del 1o de enero no deberá convocarse a laborar a ninguna persona que haya estado contratada como personal eventual” sino hasta que su contratación fuese autorizada. Hilario Topete Lara, director de la ENAH, dirigió un oficio donde expresaba su preocupación ante tal decisión. En este documento fechado en el último día del año del 2021, el director recalcó la importancia del personal eventual, pues enlistó más de 60 labores ordinarias que sostienen y que sería imposible realizar sin su contratación.

Esta información se difundió en la página oficial de la ENAH, generando reacciones inmediatas de descontento e indignación de parte de estudiantes y docentes de dicha escuela. En Twitter el tema se volvió tendencia ante el temor de una paralización de los estudios, la escuela y denunciando la incertidumbre laboral que viven las y los docentes de dicha institución.

Tal fue la resonancia que tuvo el tema, que el sábado 1o de enero, Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, informó vía Twitter que “nadie será despedido” en la ENAH y un par de horas después, por el mismo medio, Diego Prieto director del INAH, reiteró la misma idea y calificó la situación como “inquietudes infundadas”.

El lunes 3 de enero en entrevista con MILENIO TV, Diego Prieto expresó que esta situación se debía a que el director de la Escuela malinterpretó la intención expresada en el oficio que recibió y que se trataba únicamente de una cuestión administrativa. Explicó que la intención de la orden era “validar las funciones, tareas y legitimidad para la renovación de los contratos del personal eventual” antes proceder a realizar contrataciones.

También dijo que se había generado “una situación de zozobra”, minimizando las inquietudes de la comunidad docente y estudiantil que para entonces ya habían tenido una Asamblea virtual en donde habían expresado sus preocupaciones en torno al ahogo presupuestario en que se encuentra la escuela y la posibilidad de que desaparezca. Entre los golpes más recientes, mencionaban el cierre de 100 optativas en marzo del año pasado, el golpe financiero que provocó el manejo de la pandemia con el cierre de los museos, así como el impacto que genera la falta de recursos en las condiciones del mobiliario, la biblioteca y la escasa tecnología con que cuentan las carreras, entre otras cosas. Sin embargo, en la entrevista con Milenio Diego Prieto ridiculizó estos temores diciendo “estoy seguro de que primero desaparezco yo”.

Lo anterior daría paso a que integrantes de la comunidad de la ENAH, convocara a una manifestación la mañana del pasado miércoles 6 de enero en las oficinas centrales del INAH en la colonia Juárez, exigiendo garantías de contratación para todo el personal eventual, así como mayor presupuesto, pugnaron por la dignificación del plantel y denunciaron el ahogo presupuestario y la precarización de la labor docente.

Ese mismo día, en una reunión con el periódico El Financiero, Diego Prieto expresó abiertamente su total confianza en las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el lunes anterior declararía en la conferencia matutina que si el INAH llegara a requerir apoyos económicos los tendría. Sin embargo, el presidente también dijo que el Instituto tenía mayor presupuesto que el año pasado y que la reforma administrativa continuaría “porque tenemos que evitar el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones” y la necesidad de ahorrar para que el presupuesto le llegue “a la gente que más lo necesita”. Reiteró que los proyectos económicos de su gobierno, en particular el Tren Maya, incluyen un presupuesto adicional para las zonas arqueológicas. “Como nunca se están destinando recursos para mejorar zonas arqueológicas” dijo el mandatario federal.

Después el balance ¿Qué hay detrás de todo esto?

Haciendo una interpretación política de los hechos, el conflicto no detona por el error de interpretación de un oficio, que es el relato con el que las autoridades del INAH han tratado de reducir los hechos en busca de desarticular el descontento y la preocupación presente en estudiantes y profesores. La situación es grave, pues el desmantelamiento de programas educativos que guardan como principio el conocimiento histórico, las humanidades, las artes, la filosofía y el pensamiento crítico, hacen que la desaparición de los mismos sea una posibilidad más cercana de lo que se quiere admitir.

Recordemos que proyectos educativos como la ENAH, cuya propuesta original ponía al centro el desarrollo nacional, se han visto gravemente afectadas por el avance del neoliberalismo. Más de uno de estos proyectos, han sido cercados y poco a poco desmantelados o desvirtuados en lo que ahora conocemos como el mercado educativo. Hemos visto esto a través de la modificación de sus planes de estudio, el financiamiento de sus labores por parte de la iniciativa privada, el ajuste a los esquemas de contratación de sus trabajadores, entre otras medidas.

Es un hecho que la educación superior está cada vez más alejada de una perspectiva que busque la problematización y búsqueda de soluciones para los grandes problemas nacionales. No se diga el desarrollo integral de las y los mexicanos, de su industria, de su ciencia o de su cultura. Poco a poco han ganado terreno las perspectivas que reducen la educación al espacio escolar y a su vez, impulsan la transformación de la escuela en un centro de capacitación para el empleo o una fábrica de diplomas.

Todo esto, bajo el consentimiento de Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de su perorata matutina “del fin del neoliberalismo” sigue favoreciendo las agendas mercantiles y privatizadoras en la educación, al igual que sus antecesores en la presidencia. Aderezando con su propio matiz el ataque a la educación pública, la ciencia y la investigación, caracterizado por una política autoritaria y centralista, que, de uno en uno ha buscado combatir contrapesos y oposiciones a su paso, dejando como saldo los recientes conflictos en el CIDE, el CONACYT, así como el golpeteo a las normales rurales que ha sostenido en lo que va de su gobierno. Todos estos conflictos son atravesados por el tema de presupuesto y la política de austeridad de su gobierno.

La reforma administrativa, más que ser un instrumento que ayude a combatir el derroche, los gastos superfluos, la duplicidad de funciones y permita que el presupuesto llegue a “los más necesitados” como lo ha presumido el mandatario federal en reiteradas ocasiones, termina pasando factura las y los trabajadores más precarizados.

Finalmente

La problemática presente en la ENAH pone en entredicho diversas premisas que el gobierno federal ha presentado como parte de su cruzada contra la corrupción dentro de las universidades y organismos descentralizados. La situación pone en evidencia que las regulaciones y recortes al presupuesto terminan por encarecer las condiciones de las comunidades académicas, estudiantiles y de las y los trabajadores. La legalidad está muy lejos de representar una herramienta que sancione la malversación de recursos que es práctica común en altos funcionarios y las autoridades universitarias. Sin duda la salida a estos conflictos está más allá de las miradas gremialistas y sectoriales, urge un dialogo nacional para refundar el país.