Ante los alarmantes casos de acoso escolar a nivel nacional, Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentará una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación con el fin de establecer un marco normativo menos disperso y más claro, amplio y que defina puntualmente los deberes de acción de todas las autoridades estatales ante el bullying.
Tras la derogación de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el diputado Mario Delgado expresó la necesidad de retomar la iniciativa ahora en el nuevo marco legal para avanzar en el establecimiento de un régimen de responsabilidades por parte de las instituciones, tanto privadas como públicas, en cuanto a la seguridad de los menores dentro del ámbito escolar.
“Buscamos resarcir los daños a los menores víctimas de bullying y de sus familias, pero también generar un efecto disuasivo para que las autoridades educativas, y las propias instituciones, tomen todas las medidas necesarias para garantizar espacios escolares libres de violencia”, indicó el diputado federal.
Recordó que el 11 de diciembre del 2012, siendo Senador de la República presentó una iniciativa con Proyecto de Decreto para expedir la Ley General para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar.
Refirió que existe una más reciente presentada el 21 de agosto de 2019 ante la Comisión Permanente para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Educación; y de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para garantizar espacios libres de violencia en el entorno escolar e indemnizar a las niñas, niños y adolescentes en caso de responsabilidad.
Sin embargo expuso que dicha iniciativa proponía modificar la Ley General de Educación que fue abrogada por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley General de Educación y se abroga la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019.
Por ello dijo, se vio en la necesidad de presentar una nueva iniciativa que reforme la nueva Ley General de Educación vigente, para así rescatar los esfuerzos legislativos que tienen como único objetivo avanzar el interés superior de la niñez y adolescencia dentro de los espacios educativos del país.
Precisó que en esta nueva propuesta se redacta un Artículo 170 el cual establece que el Estado está obligado a promover y garantizar entornos educativos integrados, seguros y libres de violencia, donde los educandos puedan desarrollar sus aptitudes y competencias.
Por tanto, el incumplimiento a esta obligación dará lugar a la responsabilidad patrimonial del Estado en los términos del presente capítulo, sin perjuicio de otras responsabilidades a que haya lugar.
En un nuevo Artículo 171, la iniciativa plantea que los educandos que resientan la actividad administrativa irregular de las autoridades educativas o sufrieren daño en sus bienes, derechos e intereses, tendrán derecho a una indemnización, que sufragará el Estado a través de la autoridad educativa competente.
Puntualizó que esta propuesta establece también que tratándose de la educación impartida por particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, el Estado será responsable, a través de la autoridad educativa competente, por los daños que se derivaran del incumplimiento de la obligación a la que se refiere la presente ley.
