
En ese sentido, el tribunal federal instruyó al juez de la causa a reponer el proceso contra Gordillo Morales y coacusados por lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los integrantes del quinto tribunal resolvieron que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actuó “dentro de los tiempos y canales previstos” para investigar los delitos, a través de sus funcionarios públicos.
Lo anterior echó abajo el argumento de la defensa de Gordillo Morales en el sentido de que el tiempo que tenía la SCHP para interponer la querella había prescrito debido pues el servidor público adscrito a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP quien presentara la denuncia contra la exlíder magisterial, no tenía de facultades al momento de formularla.