El diputado Omar Antonio Borboa Becerra, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó una iniciativa de reforma que busca regular los cobros realizados por las instituciones educativas privadas.
La propuesta establece que dichas instituciones podrán exigir una cuota por inscripción únicamente a los alumnos de nuevo ingreso y una sola vez por cada nivel educativo, sin embargo, quedaría prohibido el cobro de cuotas de reinscripción o conceptos similares a los estudiantes que continúen sus estudios en la misma institución.
Las modificaciones propuestas al artículo 151 de la Ley General de Educación también contemplan que, si se detecta un aumento injustificado en los costos de los servicios educativos o el cobro indebido de cuotas de reinscripción, las autoridades correspondientes deberán notificar a los órganos competentes para que se tomen las medidas necesarias.
Adicionalmente, se plantea reformar el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, otorgando a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) la facultad de supervisar y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relacionadas con los servicios educativos impartidos por particulares.
El legislador destacó que el objetivo de estas reformas es aliviar la carga económica de las familias, evitando que los padres de familia deban realizar pagos adicionales por reinscripción cada ciclo escolar.
Según la iniciativa del legislador, la inscripción es un proceso inicial para registrar al estudiante en el sistema educativo nacional, mientras que la reinscripción es un trámite administrativo para continuar en el mismo programa educativo.
Borboa Becerra subrayó que el cobro de cuotas por reinscripción impacta negativamente en la economía familiar, ya que coincide con otros gastos importantes como la compra de útiles escolares, libros y uniformes, además del pago de colegiaturas.
Asimismo, reconoció que, aunque las escuelas privadas operan como empresas, están sujetas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, que garantiza los derechos de los usuarios y regula las prácticas de los proveedores, evitando cobros arbitrarios o injustificados.
Finalmente, el diputado señaló que estas modificaciones no solo beneficiarían a las familias al reducir su carga financiera, sino que también podrían incentivar un aumento en la matrícula de las escuelas privadas al ofrecer condiciones económicas más accesibles para los usuarios.
