El diputado Noel Chávez Velázquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa con el propósito de asegurar el acceso equitativo a la educación, tanto en instituciones públicas como privadas, para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
La propuesta del legislador busca añadir una fracción XI Bis al artículo 10 e incorporar un nuevo Capítulo III, titulado “De la Educación Especial”, dentro de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista.
Y es que entre sus planteamientos centrales, busca establecer que el personal docente esté debidamente capacitado y cuente con herramientas adecuadas para favorecer la inclusión educativa y brindar acompañamiento efectivo a las personas con esta condición.
Propone además que la Secretaría de Educación Pública (SEP) implemente acciones específicas en el ámbito de la educación especial. Dichas acciones incluyen la formación, actualización, sensibilización y capacitación de maestras, maestros, psicólogos, terapeutas y demás profesionales de la educación encargados directamente de los procesos de enseñanza, con el objetivo de identificar e intervenir oportunamente en los casos que lo requieran.
Así también incluye la creación de un protocolo de intervención en los programas educativos, que permita realizar ajustes razonables y asegurar su seguimiento; además de promover iniciativas y actividades que faciliten la inclusión de personas con autismo en el deporte y la cultura física.
Otro aspecto relevante de la propuesta legislativa es el impulso al uso de tecnologías emergentes e inteligencia artificial, con el fin de favorecer el desarrollo integral y mejorar la calidad de vida diaria de quienes viven con esta condición.
La iniciativa que ya fue turnada a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, argumenta que de aprobarse, permitiría que se establezca en la ley los derechos de niñas y niños con autismo, particularmente en lo relacionado con su derecho a la educación y el acceso a herramientas tecnológicas, fundamentales para su desarrollo e inclusión social.
Destaca además que el trastorno del espectro autista implica alteraciones en el desarrollo cerebral, afectando la percepción del entorno y la capacidad de socializar, lo que se traduce en desafíos significativos en la comunicación e interacción social.
Advierte que esta condición se presenta desde la infancia temprana, sin distinción de género, raza o nivel socioeconómico, y suele manifestarse con características particulares a nivel psicológico, conductual, cognitivo y emocional.
En la iniciativa alerta sobre las consecuencias negativas que ha generado la falta de comprensión social hacia el autismo, afectando no solo a quienes lo padecen, sino también a sus familias y comunidades. Aunque su diagnóstico es clínico, señala que el trastorno se expresa con diferentes niveles de intensidad en las dificultades sociales y en comportamientos repetitivos o restringidos.
En este sentido, precisa que el autismo suele evidenciarse mediante “movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos, insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal, e intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés.”
Frente a este panorama, el legislador recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 24, estipula que los Estados “asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, a fin de hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre”.
Por último resaltó que su propuesta de reforma está alineada con dicho instrumento internacional, así como con el artículo 3° de la Constitución Política, que garantiza el derecho de todas las personas a una educación de calidad, libre de discriminación, orientada a eliminar la inequidad y fomentar sociedades más justas, igualitarias y democráticas.
