La diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), propuso una iniciativa de reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que el Estado brinde apoyo integral a las hijas, hijos y personas dependientes de las víctimas de feminicidio.
La propuesta establece que el Estado deberá garantizar apoyos educativos, como becas y programas de tutoría, para que las niñas y niños afectados puedan continuar sus estudios sin interrupciones.
Asimismo contempla la asignación de ayudas económicas mensuales destinadas a cubrir necesidades básicas como alimentación, vestimenta y vivienda, promoviendo estabilidad y seguridad para quienes enfrentan esta trágica realidad.
Además, la reforma plantea que el Estado proporcione servicios integrales gratuitos, incluyendo atención médica, psicológica especializada y asesoría jurídica, para respaldar la recuperación física y emocional de las víctimas indirectas de feminicidio.
Estos apoyos deberán ser permanentes y ofrecidos mediante la colaboración de diversas instituciones públicas, asegurando el derecho a la salud, el acceso a la justicia y el conocimiento de la verdad.
El documento, que propone modificar las fracciones I y III, y adicionar la fracción IV al artículo 26 de la ley mencionada, fue turnado a la Comisión de Igualdad de Género para su análisis.
Y es que la diputada González destacó que, aunque la implementación de estas medidas implica un costo, se trata de una inversión crucial para el futuro del país.
En su exposición de motivos, subrayó la grave situación de orfandad derivada de feminicidios en México. Según datos de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entre abril de 2018 y marzo de 2021 se registraron más de cinco mil niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa de este delito. Sin embargo, para 2024 no existe un censo actualizado que precise la magnitud de este problema, lo que agrava la necesidad de tomar medidas concretas.
La diputada también recordó que, a pesar de la publicación en 2021 del Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Condición de Orfandad por Feminicidio, su implementación ha sido insuficiente, dejando a muchas familias en situación de vulnerabilidad.
La iniciativa busca garantizar la atención especializada y permanente para todas las niñas, niños y adolescentes afectados, y representa un llamado a que México adopte medidas contundentes hacia un futuro más justo y seguro para su niñez y adolescencia.
