Los resultados negativos de México en la prueba PISA no son nuevos. Se explican por la intervención de diversos factores que van más allá del actual contexto: las precarias condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación, una urgente y verdadera revalorización del magisterio, la atención prioritaria a las secuelas que trajo las crisis sanitaria y la nula continuidad de las políticas educativas.
Para atender esta situación, se requieren diversas acciones conjuntas y coordinadas que, desafortunadamente, parecen imposibles de atender.
En primer lugar es fundamental darle continuidad a las políticas públicas. Los proyectos educativos no tienen una lógica transexenal y pareciera que están subordinados a las lógicas partidistas y electorales. En los últimos tres gobiernos, las reformas al artículo 3 de la Constitución, las diversas leyes y reglamentos han sido completamente distintos y no existió posibilidad alguna de rescatar y fortalecer aquellos programas o acciones que daban buenos resultados.
Posteriormente, resulta urgente atender todas aquellas condiciones en las que se ejerce el derecho a la educación, pues la gran inequidad en la que alumnos y docentes se desarrollan influye directamente en los procesos de enseñanza aprendizaje. Seguimos viendo alumnos con necesidades básicas de vestido, alimentación y hogar seguro; además de escuelas que no cuentan con infraestructura necesaria para su operación como techos, agua, drenaje o instalaciones eléctricas.
Finalmente, no se debe dejar atrás la promesa de una verdadera revalorización del magisterio. Esto no solo significa revisar los salarios y prestaciones, sino establecer acciones pertinentes de formación y profesionalización docente.
Si bien, la prueba PISA resulta ser una evaluación estandarizada que no toma en cuenta los contextos en los que se aplica, sí es un buen termómetro que nos da indicios para saber cómo estamos, cómo hemos avanzado o retrocedido y cuál es nuestra posición frente al mundo.
