Organizaciones que conforman el Pacto por la Primera Infancia expresaron su rechazo a la propuesta del Gobierno Federal de trasladar a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con el argumento de un ahorro y de que se duplican sus funciones.
En un comunicado, la organizaciones advirtieron que desaparecer el SIPINNA implicaría un retroceso de 30 años en perjuicio de la niñez.
Explicaron que eI SIPINNA y el DIF no duplican sus funciones, por el contrario, las del SIPINNA son jerárquicamente superiores en atención a la niñez, como instancia de coordinación y política interna.
Detallaron que el DIF tiene carácter asistencial, y es un organismo público descentralizado que coordina el Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, es decir, brinda atención a todas y todos los mexicanos en situación de vulnerabilidad, sin facultades para coordinar a otras secretarias.
“…las facultades del SIPINNA se enfocan en la ejecución y seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, armonización de leyes en la materia a nivel nacional, y se ubica en un órgano de Gobernanza como la Secretaría de Gobernación”, afirmaron.
Asimismo expresaron que el SIPINNA está encargado de establecer instrumentos, políticas, procedimientos, servicios y acciones de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y visibiliza su agenda, así como el conocimiento de la situación y problemáticas que enfrenta la infancia y adolescencia, a fin de generar acciones y soluciones intersectoriales, interinstitucionales e intergubernamentales.
“Entre otras, ha impulsado la colaboración entre la Federación, estados y municipios: hoy, las 32 entidades de la República y el 76% de los municipios cuentan con sus propios sistemas de protección. Además, su creación respondió a la recomendación del Comité de los Derechos del Niño de la ONU”.
Afirmaron que la estructura con la que cuenta actualmente la SE-SIPINNA ha permitido alcanzar logros sin precedentes en la historia del país, como la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que contempla un paquete de servicios y atenciones públicas que se traducen en beneficios directos para las niñas y niños menores de 6 años, tales como: obtención de actas de nacimiento, atención a la salud, alimentación, protección contra la violencia y educación.
Por lo anterior, las organizaciones señalaron que el cambio que propone el actual Gobierno no implica una ventaja en términos de eficiencia ni de economía, además de que no se presenta evidencia sobre lo que expone, pues argumenta que “el DIF cuenta con los conocimientos técnicos y operativos suficientes para realizar las funciones de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna” y afirma sin fundamentos que tener dos sistemas de coordinación es “una política de simulación”.
“Al contrario de lo que se dice, de aprobarse esta transferencia de funciones, los procesos se volverán más lentos, burocráticos, discordantes y contradictorios a la función estatal de protección, prevención y restitución integrales de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Sobre el ahorro que afirman que esto supondría, cabe destacar que el presupuesto total de la Secretaría Ejecutiva es el menor de todos los otros órganos que tienen facultades coordinadoras”.
Por otra parte y con relación a la propuesta de convertir al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA) en una unidad administrativa de la Secretaria de Salud para supuestamente “aprovechar los recursos en la atención prioritaria de la salud de la población mexicana, tanto respecto de enfermedades específicas en segmentos determinados de la población como para la atención de sindemias […]”, las organizaciones consideraron que esto representa un retroceso y la invisibilización de las acciones de salud dirigidas a la primera infancia, infancia y adolescencia.
Y es que precisaron que iniciativa no registra evidencia ni razones suficientes para realizar la integración administrativa del CENSIA y es un reflejo de la invisibilización de la atención que el Gobierno federal ha brindado a las políticas y servicios públicos de salud para la infancia.
Lo anterior, expresaron, representa un riesgo de opacidad en la transparencia de los recursos y en la asignación de responsabilidades en la materia.
En ese sentido acusaron que las propuestas del Gobierno Federal buscan redireccionar recursos públicos a las obras de infraestructura puestas en marcha por la actual administración federal; sin embargo señalaron que conllevan graves riesgos que atentan contra la institucionalidad y eficiencia del Estado.
“De ser aprobadas, se continuaría con el desmantelamiento de las instituciones mexicanas, como parte de la supuesta transformación que ya extinguió 155 fideicomisos, y que ahora busca extinguir 18 instancias, incluido el SIPINNA, por una supuesta duplicación de funciones o por notoria inoperancia, dichos de los que no se expone evidencia en todo el cuerpo del documento presentado”.
