Las recientes reformas estructurales llevadas a cabo en México no han sido orientadas a modificar un modelo que ya mostró su ineficiencia ya que –lejos de conducir al país hacia mayores niveles de empleo y bienestar– ha generado más pobreza y desigualdad, expuso la doctora Guadalupe Huerta Moreno, profesora-investigadora del Departamento de Administración de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
En el Primer Coloquio de Cuerpos Académicos y Áreas de Investigación de Gestión Pública, celebrado en la Unidad Cuajimalpa de la UAM, la académica dijo que los cambios constitucionales en materia económica, laboral, hacendaria, educativa, financiera, energética, jurídica, de telecomunicaciones, transparencia y político-electoral están sustentados por un giro del Estado interventor al subsidiario de gobernanza neoliberal.
Al presentar la ponencia Reformas estructurales, estancamiento económico y pobreza en México, la doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que en la década de 1970 las transformaciones al sistema económico y financiero internacional significaron para América Latina la transición, de una estrategia de crecimiento basada en un modelo de industrialización y sustitución de importaciones a una sustentada en un modelo de economía abierta, aplicada desde hace 35 años.
En México las primeras reformas han consistido en la reordenación de las instituciones de intervención del Estado en términos de las nuevas condiciones de funcionamiento del capitalismo mundial, explicó la maestra en Administración Pública por la UNAM.
De esta manera disciplina fiscal (manejo del presupuesto y finanzas públicas equilibrados), reorientación del gasto público, reforma fiscal (aumento de la recaudación), liberación de la tasas de interés, establecimiento del tipo de cambio a través de las fuerzas del mercado (tipos de cambio flexibles) y apertura comercial y a la inversión extranjera directa se convirtieron en elementos centrales, pues las reformas fueron diseñadas para atraer capital extranjero, lo que ha conllevado a privatizaciones y desregulación económica.
Esas transformaciones han redefinido los límites entre el Estado y los actores propios del mercado, ya sea del sector social o del privado y además en la ejecución de las privatizaciones y la desregulación se ha conducido a una nueva forma de operar de la administración y la gestión pública sobre la supuesta base de las tres “E’s”: economía, eficacia y eficiencia, en el uso de los recursos.
En el periodo de 2000 a 2015 se presentó un comportamiento contracíclico del producto interno bruto (PIB) en relación con las inversiones privada y pública. La segunda no fue suficiente, pues cuando llega una crisis hay una destrucción de la capacidad productiva y de la riqueza en general, y reconstituir esas pérdidas resulta difícil debido al deterioro en los niveles de bienestar de la sociedad.
La caída de los ingresos derivada de la falta de crecimiento económico y la merma de fuentes de ingresos va induciendo un mayor endeudamiento público, y cuando éste empieza a crecer, lo que se ha hecho –lejos de repensar en una ingeniería a nivel del gobierno que efectivamente pudiera permitir disminuir gastos superfluos– es anunciar recortes al gasto social.
La licenciada en Administración por la UAM consideró que la forma en la cual pueden reducirse los niveles de pobreza en México tendría que partir de la generación de una dinámica económica que permita ingresos suficientes para la población.
