El último caso de evidente impunidad de la actual administración federal, es la exoneración que la Secretaría de la Función Pública (SFP) determinó en torno a la Casa Blanca de la Primera Dama de la Nación, Angélica Rivera, la casa de Malinalco del Secretario de Hacienda Luis Videgaray y la casa de Ixtapa de la Sal del Presidente Enrique Peña Nieto.
En todos los casos, el Secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, luego de una “exhaustiva investigación”, concluyó que no existieron conflictos de interés que favoreciera a uno de los contratistas predilectos de Presidente, Juan Armando Hinojosa, dueño de grupo HIGA.
La conclusión de la SFP es la comedia mexicana que se cuenta sola, donde el Presidente nombra a su fiscal con la consigna de que lo declare inocente.
Retrata la genética corrupta de la actual administración, que por un lado advierte mano dura para establecer el estado de derecho, pero por el otro desparrama en la podredumbre del tráfico de influencias y compadrazgos.
Esa desastrosa impunidad del actual Gobierno ha colapsado los niveles de aprobación del Presidente.
Y es que cada vez que se destapa una cloaca más de la corrupción de la élite política del País, se eriza el encono social que claramente ya no resiste tanta trampa; tanto abuso.
En ese tenor, al Presidente Peña Nieto le urge oxígeno puro.
Y ante la crisis económica mundial que tiene al peso a merced de dólar, la mezcla de petróleo como baratija (pese a la reforma energética) y el anuncio de tijeras al presupuesto 2016; es la reforma educativa como el pequeño vaso de agua en el desierto…la última carta de su Gobierno.
La apuesta para el Presidente Peña en la mitad de su Gobierno es, salvar todo lo que pueda salvarse de una de las reformas que más aceptación social tuvo al inicio de su gestión.
Para tal propósito ya asestó los primeros golpes. En Oaxaca por ejemplo la Sección 22 adherida a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) tuvo que replegarse ante la fulminante reforma al IEEPO y la persecución de la Procuraduría General de República (PGR) contra líderes de la disidencia magisterial.
Además, el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya advirtió sanciones contra los maestros que protesten y “lastimen a la ciudadanía”.
Y no faltará el poder de la propaganda oficial difundiendo el éxito de las evaluaciones docentes (de promoción, de ingreso, permanencia y diagnóstica), además de los logros de la actual administración en materia educativa.
Es decir, el embate del Gobierno Federal para posicionar (nuevamente) la reforma educativa se advierte total.
Sin embargo, que no crea el Presidente que todo será terso. El convulso 2018 está a la vuelta de la esquina y todos, incluyendo el régimen, querrá llevar agua para su molino.
¡Veremos!
