Leí con particular atención el texto “La política de mejora de la formación continua de maestras y maestros de educación básica y media superior” de Susana Justo Garza, quien expresa su preocupación por el futuro de Mejoredu, el organismo encargado de la mejora continua de la educación en México. En el artículo, la titular del Área de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) destaca la decisión que el Congreso de la Unión tomará en los próximos días sobre la posible extinción de este organismo descentralizado. La justificación oficial para esta medida señala una supuesta duplicidad de funciones con la Secretaría de Educación Pública (SEP). Sin embargo, Justo considera esta explicación imprecisa.
La autora basa su posición en la reforma educativa de 2019, que estableció competencias jurídicas exclusivas y concurrentes para las autoridades educativas federales, estatales y de la Ciudad de México, asignando a Mejoredu la responsabilidad de normar y ofrecer programas de formación continua a las autoridades educativas del país. Justo argumenta, a partir del documento institucional “La revalorización del magisterio y el derecho a la formación continua de docentes de educación básica y media superior 2024”, que no existe tal duplicidad de funciones.
Aunque Justo manifiesta su desacuerdo, deja en duda si su postura es personal o institucional, aunque parece inclinarse hacia lo segundo. A mi juicio, su análisis carece de una interpretación más profunda de las intenciones políticas que podrían estar detrás de esta iniciativa. La extinción de Mejoredu podría responder a la voluntad de López Obrador de concentrar en la SEP la función mejora educativa, una medida con posibles implicaciones para la educación.
Hace algunos años, Susana Justo Garza y yo discutimos este tema en presencia de Etelvina Sandoval, a propósito de mi artículo “El Sistema Integral de Formación, Capacitación y Actualización”, donde expuse mis dudas sobre el papel de Mejoredu en este sistema. Paradójicamente, esta visión coincidió con la propuesta de reforma constitucional del gobierno poco después. Susana Justo entonces defendió, al igual que hoy por hoy, que Mejoredu debía regular, pero no operar, la formación continua de los docentes.
La desaparición de Mejoredu representa más que un simple cambio administrativo. Es el desmantelamiento de la política de mejora continua de la educación a través de la formación y actualización del magisterio, la gestión escolar y el sistema educativo en su conjunto. En febrero de este año, en mi artículo “Las propuestas presidenciales de reformas constitucionales: Implicaciones para la educación y el magisterio”, abordé cómo la iniciativa del ejecutivo propone derogar la fracción IX del artículo tercero constitucional, que crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. La eliminación de este precepto constitucional implicaría la abrogación de la Ley Reglamentaria del Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Mejora Continua de la Educacion y con ello, la desaparición de Mejoredu y del Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación.
Esta medida va más allá de la desaparición de un organismo; implica eliminar una política educativa destinada a la mejora continua, incluyendo la formación inicial y continua de los docentes. Se desmantela el proyecto original de la reforma educativa de 2019, y con ello, se devuelve a la SEP la potestad de juzgar y evaluar su propio desempeño, lo cual podría llevar a la manipulación de información oficial y la simulación de avances.
¿Significa esto que la mejora de la educación deja de ser prioridad? Si no es así, ¿quién asumirá la responsabilidad de mejorar la educación en todos sus aspectos? La formación continua parece ser el pretexto perfecto para desmontar la política de mejora educativa en México.
Carpe diem quam minimum credula postero
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