Justicia para el profesor Esteban…

El caso del profesor Esteban Canchola de Baja California es uno más de los tantos que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana...
Image

Entiendo que la docencia en las últimas décadas se ha convertido en una profesión donde las exigencias son mayúsculas. Entiendo perfectamente que esas exigencias son multifactoriales, es decir, que diversas circunstancias son las que originan que, a cualquier maestra o el maestro, de cualquier nivel educativo, se le demande en demasía.

Por un lado, esas demandas provienen del mismo gobierno, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), de organizaciones no gubernamentales, del empresariado, del clero u otros grupos conservadores, en fin, de diversos sectores públicos y privados; no obstante, lo anterior, pienso que la principal demanda, muchas veces infundada, proviene de los padres de familia y/o de la sociedad en su conjunto. Esa idea de que las escuelas se han visto en los últimos años como las guarderías de los padres es cierta; de unos años para acá, ¿acaso no se le ha delegado una responsabilidad a la escuela y al docente que no necesariamente le corresponde? Por ejemplo, además de ser maestra o maestro, ¿no acaso se le exige ser niñero, enfermero, médico, psicólogo o trabajador social? Esto sin olvidar que dichos profesores deban ser intendentes, secretarias, gestores, subdirectores y hasta directores de las instituciones educativas en las cuales se encuentran prestando un servicio educativo.

Sí, se leyó bien, un servicio educativo que, desde luego, no incluye muchas de las labores que otras tantas personas o profesionales tendrían que realizar. Es cierto, si hay un desperfecto que puede arreglarse en el aula lo atiende un docente; es cierto, si algún alumno no lleva dinero para una torta u otro alimento, también le tiende su mano y le apoya; es cierto, si algún estudiante tiene un problema en casa se hace un espacio en la jornada y se le escucha; sí, estas y otras tantas cosas más se realizan durante un día completo de escuela. En serio, no imagino a un cardiólogo llegando a un hospital con martillo en mano, máquina especial o camilla porque el hospital no cuenta con los insumos necesarios para que pueda intervenir quirúrgicamente a un paciente; en serio, no imagino llegando a un juez a la sala de audiencias con su fotocopiadora personal, hojas, marcatextos, folders, aguja, hilo o cajas para expedientes. Vaya, no imagino al secretario de educación o la misma presidenta de la República dejar de asistir a sus acostumbradas mañaneras nada más porque tiene que arreglar el sanitario de Palacio Nacional porque no funciona. El punto al que quiero llegar es que a cada persona o sujeto que presta un servicio le corresponde realizar una función en específico.

No sé por qué los diferentes gobiernos no han hecho nada o casi nada para ponerle un alto a muchos padres de familia que no cumplen con el rol que por decisión propia les corresponde cumplir. No sé por qué los distintos gobiernos en los últimos años han empoderado tanto a los padres de familia, a tal grado que muchos de ellos dirigen y mandan al interior de las instituciones educativas porque, para nadie es desconocido, la influencia que llegan a tener, por ejemplo, cuando a capricho quitan o ponen a directores o a maestros a su antojo.

¿Y qué hace Sindicato para apoyar, orientar o defender a las maestras y maestros si fuera el caso? La respuesta es muy sencilla: nada o casi nada, por ejemplo, el comité ejecutivo nacional del SNTE, así como su dirigente y flamante senador, se encuentran más preocupados y ocupados en complacer a su “compañera presidenta” que en cumplir con lo que por mandato estatutario tendrían que cumplir.

De las instancias gubernamentales o de derechos humanos poco puede esperarse; recuerdo hace un par de años a una docente que fue agredida por tres madres de familia a la hora de ingreso de la escuela, solo por el simple hecho de que ya le habían dicho que no dejara tarea y lo seguía haciendo. ¿Qué hizo la SEP estatal o la comisión estatal de derechos humanos? Nada o casi nada, en el primer caso los brillantes funcionarios del gobierno estatal decidieron cambiarla de centro de trabajo y, en el segundo, archivar el caso en esa comisión de “supuestos derechos humanos”.

El caso del profesor Esteban Canchola de Baja California es uno más de los tantos que existen a lo largo y ancho de la República Mexicana. Recientemente fue declarado culpable por omisión de auxilio porque, allá por el 2023, en la escuela primaria “Eucario Zavala”, al parecer entre las 12:00 y 13:00 hrs. del día, un niño se golpeó la cabeza cuando estaba jugando con sus compañeros; después de ese golpe, los padres del menor fueron notificados y, desafortunadamente, días después falleció en una clínica.

Como era de esperarse, los padres del menor actuaron en consecuencia y, aunque en las audiencias se pudo constatar que el profesor Esteban actuó conforme a los protocolos, el juez encargado del caso lo encontró culpable por omisión de cuidados.

Al parecer, erróneamente, por no decir estúpidamente, el juez de ninguna manera valoró que los hechos ocurrieron antes de que iniciaran las clases en el plantel, que el menor se golpeó la cabeza mientras jugaba futbol con sus compañeros donde al parecer era víctima de bullying, que ese accidente se suscitó, repito, antes del horario de clase, que el niño fue dado de alta del hospital pero que su estado se agravó días después y falleció, que el profesor siguió el protocolo establecido conforme a sus responsabilidades y posibilidades asignadas en la escuela.

Hace unas semanas publiqué un artículo (https://profelandia.com/que-y-quien-defiende-a-maestras-y-maestros/) donde señalaba que la docencia se ha convertido en una profesión de alto riesgo. Hoy coincido con las voces que sostienen que esta profesional se enfrenta a un riesgo silencioso: la criminalización.

¡Por favor! Las maestras y los maestros son seres humanos que cumplen con una función clara y precisa, misma que se halla en el proceso de enseñanza y de aprendizaje; de ninguna forma pueden sustituir la educación que desde casa se les debe dar a las niñas y niños. ¡Dejemos de culparlos por todo!

No niego, en absoluto, que haya casos en los que sea necesaria la aplicación irrestricta de la ley hacia quienes estando en el magisterio se aprovechan para abusar de las niñas, niños o adolescentes, pero de ahí a que a todas y todos se les mida con la misma vara es un error.

Señoras y señores padres de familia, las y los profesores de sus hijas o hijos son eso: sus profesores, no los empleados o los sirvientes de ustedes.

Desde este espacio y con estas letras, manifiesto mi total apoyo al profesor Esteban, sumándome al grito que comienza a esparcirse en todo el magisterio: ¡Justicia para el maestro Esteban!

TEMÁTICAS: