De acuerdo con una nota periodística del prestigiado Diario Reforma, firmada por Sonia del Valle, Padres de familia y alumnos de una escuela en el Estado de Guerrero reclamaron con una acción colectiva la construcción de una secundaria de calidad en lugar de las aulas de carrizo y lámina que actualmente tienen.
Sin embargo y por increíble que parezca, la Procuraduría General de la República (PGR) -en representación de la Presidencia de la Repúbliva- impugnó la demanda de los inconformes con el argumento de que no son consumidores, ya que reciben un servicio público de manera gratuita y no de una escuela privada.
Señala el rotativo que los demandantes explicaron que desde hace dos años, 155 alumnos acuden a la Secundaria Nicolás Bravo, en el Municipio de Xochihuehuetlán, en la Montaña de Guerrero, reciben clases en tres aulas hechas con horcones de madera con una separación considerable entre sí.
Además el techo es de lámina, algunas de ellas sueltas, y cuando hay ráfagas de viento se vuelan. Los palos que sostienen las láminas del techado están sujetos con alambre.
Asimismo algunas partes las aulas cuentan con paredes de carrizo, otras cubiertas con sarapes, malla alambrada o telas raídas. La barda de alambre de púas cerca la escuela, cuyas aulas son de tierra.
Del mismo modo, los estudiantes reciben clases en butacas oxidadas, las cuales son insuficientes para los alumnos.
A través de Aprender Primero, brazo jurídico de la organización civil Mexicanos Primero, se interpuso la Acción Colectiva, demandando a la Presidencia de la República, la SEP, el Gobernador de Guerrero y al Alcalde de Xochihuehuetlán. Así también a los Secretarios de Educación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado y al Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa para que les construyan su escuela.
La demanda se presentó en enero de 2015 en el Juzgado Décimo de Distrito con residencia en Chilpancingo y se aceptó seis meses después.
Y en respuesta a la demanda, la PGR, en nombre de la SEP y de Presidencia, presentó una apelación en contra d de la demanda.
“No existe un contrato entre los padres de familia y la citada escuela, por tratarse de una escuela pública que se encuentra al servicio de la comunidad y no así de una escuela del sector privado”, argumenta la Procuraduría en el escrito firmado por Isidra García Sánchez, agente del Ministerio Público federal.
