Habrá registro público de abusadores y revisión de protocolos en escuelas: SEP

La SEP anunció que habrá cambios administrativos para que empleados con procesos penales no continúen laborando en escuelas.
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Escuela y protocolos

En relación con el acto de disculpa pública por la actuación irregular del Estado frente a los abusos cometidos por servidores públicos en perjuicio de niñas y niños del Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, ocurridos entre agosto y octubre de 2018, la Secretaría de Educación Pública (SEP) manifestó que tales hechos no deben quedar ocultos y reconoció la valentía de las familias afectadas.

Asimismo subrayó sobre la relevancia del acompañamiento de las organizaciones defensoras de los derechos de la infancia y exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a dar continuidad a las investigaciones correspondientes.

En un acto de disculpa pública encabezado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, se anunciaron las siguientes medidas para prevenir que hechos similares se repitan:

-Revisión de protocolos de acceso a los planteles.

-Desarrollo de sistemas de identificación de escuelas y responsables de violaciones a derechos humanos.

-Creación de un registro público de abusadores para impedir su contratación en otros centros escolares.

-Separación estricta de sanitarios para niñas, niños y docentes.

-Cambios administrativos para que empleados con procesos penales no continúen laborando en escuelas.

-Remoción de las viviendas de los conserjes.

La SEP refrendó su compromiso con la seguridad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, al tiempo que afirmó que trabajará con ética, sensibilidad y responsabilidad para cuidar de las infancias y garantizar espacios más seguros con la finalidad de que estos hechos tan lamentables no se repitan en ninguna escuela.

En tanto el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Luciano Concheiro Bórquez, reiteró la disculpa pública por los lamentables hechos, y anunció medidas de capacitación, detección, atención y seguimiento, reafirmando la obligación del Estado de proteger la vida, la integridad y la educación de niñas, niños y adolescentes

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