Porque dar clases con la cartera vacía no se le desea a nadie.
El diputado federal Rubén Moreira Valdez se puso en modo sensible y presentó un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados presione a la SEP y a la SHCP y, ahora sí, dé solución al lío de falta de pago de los sueldos y prestaciones a maestras, maestros y personal administrativo de los Institutos Tecnológicos del país.
Y es que el también coordinador del PRI en San Lázaro pidió que el exhorto sea de carácter urgente, integral y definitivo, no otro parche burocrático.
La idea es que se respeten derechos laborales y humanos del magisterio, y evitar que el servicio educativo público termine pagando los platos rotos.
El caso Campeche: maestros trabajan bajo protesta (y con mantas)
Moreira destacó el ejemplo del caso de Campeche, donde en redes sociales se volvieron virales las protestas pacíficas del personal del Instituto Tecnológico del estado, adscrito al Tecnológico Nacional de México.
¿La razón?
Adeudos que vienen desde 2024 y que, hasta hoy, no han sido regularizados.
En materiales difundidos se ve a las y los trabajadores laborando bajo protesta, colgando mantas y exigiendo algo bastante básico: que el Estado cumpla como patrón.
“No se trata de demandas extraordinarias ni de privilegios, sino del pago de derechos ya devengados”, subrayó el priista.
El riesgo: paro, pero no por gusto
El diputado advirtió que la situación ya escaló al punto delicado de que se llegue a la suspensión de labores, no como medida de presión política, sino porque a los docentes los dejaron sin canales de diálogo y no hay respuestas claras de las autoridades.
Entre las exigencias del personal están:
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Pago inmediato de prima vacacional
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Estímulos por puntualidad y asistencia
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Estímulos al desempeño académico
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Pago de promociones docentes 2024–2025
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Regularización de movimientos de personal que ya fueron dictaminados pero no aparecen en nómina
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Mesas de diálogo formales con autoridades federales, con plazos y compromisos verificables
No son pocos
Según Moreira, son al menos 133 docentes y 58 trabajadores administrativos que están siendo directamente afectados, lo que pone en riesgo la estabilidad académica de cientos de estudiantes.
Con la Constitución en mano
Así también, el legislador recordó que no pagar salarios y prestaciones viola directamente el artículo 123 constitucional, además de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
Y advirtió que es simplemente inadmisible que quienes sostienen la educación pública vivan en incertidumbre económica por fallas administrativas del propio Estado.
En ese sentido, Moreira afirmó que el problema de fondo es claro: mala coordinación entre la SEP, el Tecnológico Nacional de México y Hacienda, y una gestión deficiente del presupuesto educativo.
El llamado final
Por eso desde el Congreso, Moreira exigió regularizar de inmediato los pagos y crear soluciones estructurales para que este tipo de conflictos ya no se repitan.
“La educación pública es una función estratégica del Estado mexicano. Defender los derechos laborales del magisterio es defender la calidad y continuidad del servicio educativo”, remató.