Últimamente se habla mucho de la Nueva Escuela Mexicana y del Plan Curricular 2022 a implementarse en el ciclo escolar 2023 – 2024, como parte de la transformación educativa que necesita nuestro país, como si ésto fuera la cura para todos los problemas que existen en él. Éste cambio de paradigma educativo, que empezaremos a vivir en los próximos años, con grandes deficiencias en la infraestructura escolar, con enormes problemas de rezago y abandono educativo post-pandemia, una revalorización magisterial que sólo ha quedado en el discurso y en la politiquería de la SEP. Con grandes pendientes que resolver, por ejemplo; el programa de Escuelas de Tiempo Completo, la estabilidad de los compañeros que pertenecen al Programa Nacional de Inglés (PRONI), falta de prestaciones y derechos laborales perdidos y olvidados por el SNTE, además de incongruencias, desigualdades y problemas en la Unidad para el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) tanto nacional, como en cada unidad estatal.
Otro pendiente, que por varios años ha sido postergado y que cabe destacar, en ningún lado de la Nueva Escuela Mexicana se aborda, son los Asesores Técnico Pedagógicos, que desde la entrada en vigor de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), le otorgó sustento académico y administrativo dentro de las estructuras educativas estatales y federal, ya que por algún tiempo, estas plazas fueron por comisión o de encargo sindical. LGSPD dió carácter y fundamento legal para que los ATPs estuvieran adscritos a las zonas escolares con la finalidad de apoyar en lo concerniente a lo académico y a lo pedagógico a supervisores, a directivos, a docentes y principalmente a los alumnos, como se menciona a continuación:
Acompañar, apoyar, asesorar y recomendar a los colectivos docentes conforme a las necesidades de mejora de las prácticas educativas detectadas, a partir de las evidencias, observaciones, visitas y requerimientos expresados por estos colectivos, así como de los procesos y resultados de aprendizaje de los educandos y favorecer experiencias de aprendizaje. Además de formación que incidan en la transformación de las prácticas educativas con la finalidad de mejorar el aprendizaje y desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la escuela. (SEP, 2020, P.9).
Con la promulgación de la Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros (LGSCMM) y con la derogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), ésta figura educativa ha quedado al margen, debido a que sólo son tomados en cuenta cuando la carga administrativa o académica sobre pasa las estructuras de cada secretaría de educación estatal, para apelar a su trabajo en la capacitación o en la puesta en práctica de programas de pilotaje, ya que muchas veces, hacen funciones que no son acordes a lo que en verdad deben atender en sus zonas escolares. No olvidemos que una de las promesas de la política educativa actual, menos carga administrativa, sigue siendo una farsa y quienes están resintiendo estas cuestiones son los supervisores, los directivos (más aun los que están frente a grupo) y los ATPs que, aunque muchas autoridades no lo quieran reconocer, hacen tareas de índole administrativa y se enajenan en el discurso inverosímil de que dicha función es respetada y valorada en todos los aspectos.
Sin embargo, el nuevo plan curricular 2022 y la puesta en marcha de la NEM, así como la USICAMM, tienen deudas pendientes con los ATPs, por un lado, existen generaciones que aún no han sido basificados y que no tienen la categoría definida, para ser precisos, tercera y cuarta generación. Debido a la derogación de las leyes pasadas y a situaciones que atañen a la falta de voluntad de algunos gobiernos estatales, los cuales se lavan las manos echándole la culpa a falta de techo financiero, inconsistencias administrativas y legales con la SEP. También existen ATPs que no cuentan con bono de movilidad para realizar la asesoría, el acompañamiento y brindar una orientación pedagógica a las escuelas que lo necesitan y que requieren mejorar los resultados académicos o para contribuir en la consolidación de todos aquellos programas educativos que la mayoría de las veces, no son puestos en práctica por falta de capacitaciones que impacten o que sean de provecho al no invertir en una verdadera actualización magisterial, debido a reducciones económicas por parte de las autoridades estatales y federales. Es aquí, donde el ATP, con su empereza académica; es fundamental para ser el enlace entre las reformas educativas, trabajo que no es fácil, debido a que la realidad en las escuelas es el lado opuesto al discurso reformista que impera sexenio tras sexenio. El Asesor Técnico Pedagógico es esa figura que con sus recursos económicos, con su ética y con su voluntad, siempre se encuentra al tanto de todos los cambios pedagógicos y educativos para poder contribuir, apoyar y ayudar a todos los docentes de su zona.
No olvidemos que en el ámbito de formación continua y desde los cursos de inducción a su categoría, no han recibido adecuadas capacitaciones para mejora en su devenir académico, son pocos los diplomados, los talleres o los cursos que la mayoría de las veces le sirven para mejorar su función. ¿Qué podemos decir del incentivo de promoción horizontal?, donde se encuentran en el mismo grupo de desempeño que los supervisores y los directores, una situación desleal e injusta, debido a que la mayoría del presupuesto de éste incentivo se reparte entre estas autoridades educativas. Aspecto que es totalmente contrario en promoción vertical, donde queda por debajo de un directivo de acuerdo al organigrama por ascenso. Situación que pone de manifiesto que ésta figura, en algunas situaciones si es tomada en cuenta y para otras no, siendo relegada a conveniencia de recursos económicos, de intereses laborales o caprichos políticos que sólo buscan denostar el trabajo del Asesor Técnico Pedagógico.
La mística de la Nueva Escuela Mexicana, que es el enfoque humanista, también debería de llevarse al ámbito laboral, pues existen puntos de desencuentro donde quedan pendientes de resolver inconsistencias por la gran mayoría del magisterio nacional; como un aumento salarial a cuenta gotas, falta de seguridad social, pérdida de derechos laborales, mejores condiciones de las escuelas y las diversas situaciones de los Asesores Técnico Pedagógicos en todo el país, quienes en los próximos meses serán los encargados de llevar a buen puerto las actualizaciones programadas para el Plan Curricular 2022. Sin embargo, ¿Quién más para actualizar o capacitar en los próximos años?, ¿Jefes de sector o de nivel, supervisores, directivos o docentes? todos los anteriores con una inmensa carga administrativa. La respuesta no es ofertar esta función con carácter temporal, sino darle el verdadero valor académico – pedagógico dentro de las estructuras educativas tanto estatales como federal, respetando sus derechos y mejorando sus garantías laborales, porqué si hablamos del tema educativo en un gobierno donde la austeridad republicana a lacerado los recursos que se invierten, también la educación tendría que ser de índole de seguridad nacional, así como lo es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.
