Discurso íntegro de Teresa Bracho en la Audiencia Pública sobre reforma educativa.

Diputada Adela Piña Bernal, Presidenta de la Comisión de Educación; diputada Miroslava Carrillo Martínez, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales; señoras y señores diputados; representantes de la autoridad educativa federal y estatal, señoras y señores asistentes a este recinto.

Tengan todos ustedes muy buen día.

Agradezco me acompañen el día de hoy los Consejeros de la Junta de Gobierno. También a quienes hicieron posible que el INEE presentara hoy su posición aquí ante ustedes. Quedamos en espera de concertar una reunión en los próximos días, como amablemente lo ofrecieron las diputadas presidentas de ambas Comisiones.

Si bien tenemos un posicionamiento más amplio sobre las distintas iniciativas presentadas por los legisladores, comentaré la iniciativa del Ejecutivo. En estos 10 minutos me centraré en la propuesta de desaparición del INEE y su autonomía constitucional, aportando la argumentación para que esta soberanía y la sociedad en general puedan conocer lo que realmente hace el INEE, ante una fuerte campaña de desinformación en la que nos hemos visto señalados en los últimos meses.

Muy brevemente, paso a revisar tres conceptos generales:

1. Como todos los aquí presentes sabemos, la educación por sí sola, no es suficiente para generar bienestar: requiere, entre muchos otros elementos, de la concurrencia de los esfuerzos gubernamentales, de distintos actores de la sociedad y de todos los actores educativos.
2. También sabemos que asistir a la escuela no es igual que aprender y formarse en la escuela. Nos parece un falso dilema y una discusión ociosa si el término de calidad educativa debe utilizarse. El concepto de calidad de la educación es universalmente aceptado y se usa para definir las cualidades de una buena educación que puede lograrse con procesos de mejora continua. Y es en ello en lo que hay que insistir: la mejora continua del sistema educativo. La educación de calidad es la que se plantea en los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de la UNESCO, avalados por la mayoría de los países, incluido México.
3. Hoy sabemos también que la calidad no puede desvincularse de la equidad educativa, la pertinencia, el desarrollo integral, la interculturalidad y la atención a la diversidad. Asuntos que no pueden ser omitidos en una nueva legislación educativa.

Paso al tema de la propuesta de cancelación del Instituto. Explícitamente, la exposición de motivos de la Iniciativa del Ejecutivo señala que se propone  cancelar al INEE “porque se percibió (sic) como un instrumento persecutor para (sic) el magisterio”. La gran interrogante legal, histórica, ética es si tiene sentido cancelar una institución pública con casi 17 años de vida, que vela por el interés superior de la niñez, a causa de una supuesta percepción respecto de la cual no hay evidencia alguna. Ni de la percepción, ni del acto imputado. Y lo hace con base en información que desvirtúa la participación del INEE en los procesos de evaluación docente y deforma su rol regulatorio.

La normatividad constitucional vigente, aumentó a las tareas de evaluación que el INEE desarrolló desde su fundación en 2002, otras funciones regulatorias, de coordinación institucional, de difusión y uso de las evaluaciones para emitir recomendaciones de mejora educativa. En estas tareas no vemos algún carácter persecutorio y, sí en cambio, una actividad de naturaleza técnica y desarrollo de capacidades institucionales para llevar a cabo mejores evaluaciones -en ámbitos más amplios, como la evaluación de las políticas educativas- vinculadas con la mejora educativa.

Nuestra joven democracia ha ido fortaleciendo su aparato institucional a lo largo de las últimas décadas. Parte de este proceso ha consistido en la creación de órganos autónomos especializados y políticamente neutrales, quienes diagnostican, analizan y emiten recomendaciones acerca de asuntos públicos de carácter estratégico, asegurando así la objetividad, la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad. Este diseño institucional fortalece al Estado mexicano en tanto que genera sistemas de pesos y contrapesos y fortalece la división de poderes. Una de las obligaciones que la legislación le impone al INEE es la de Informar al Legislativo, Senadores y Diputados, sobre el estado de la educación en el país. Tarea que hemos cumplido a cabalidad y ha enriquecido el diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Parece improcedente un “juicio sumario” construido sobre mitos, sin argumentos y que no toma en cuenta las tareas estratégicas que el Instituto ha realizado para el desarrollo educativo del país. Destaco aquí solo 10 de ellas:

1. El INEE ha generado información, indicadores y conocimiento puntual sobre todo el sistema, a través de documentos como el Panorama Educativo, ampliamente reconocido como una fuente de información precisa y rigurosa.
2. Ha realizado evaluaciones nacionales del aprendizaje de los alumnos y de las escuelas del país, haciendo visibles los problemas y facilitando con ello las intervenciones públicas para su mejora. A través de PLANEA hoy sabemos que ser niña no significa ser “mala” para las matemáticas, por ejemplo.
3. Es el encargado de la aplicación de las pruebas de aprendizaje internacionales, por ejemplo: PISA, la más conocida, ERCE, la prueba latinoamericana de la UNESCO y la de formación cívica, entre otras. Ellas nos permiten generar un referente de nuestro sistema educativo con el resto del mundo y saber, por ejemplo, que México se encuentra por arriba de casi todos los países de la región latinoamericana en lengua y comunicación.
4. Ha formulado importantes recomendaciones de política pública basadas en evidencia, sobre problemas fundamentales de calidad y equidad educativa del país, como es la estrategia de atención educativa a los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, la atención a las poblaciones indígenas, o el problema de permanencia en la educación media superior.
5. Ha impulsado una política de evaluación para armonizarla con los temas y prioridades nacionales y estatales de política educativa.
6. Ha creado importantes espacios de interlocución y trabajo con y entre las diferentes secretarías de educación del país en el marco del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, para la generación de proyectos conjuntos, como es el caso de la atención a escuelas multigrado. Proyecto generado en el seno de la Conferencia del SNEE y en el que participan prácticamente todos los estados de manera coordinada.
7. Ha producido información, recursos y herramientas de evaluación educativa para apoyar el trabajo en el aula y en la escuela.
8. Ha desarrollado programas de formación para fortalecer las capacidades de evaluación de la educación en los estados.
9. Ha creado el Sistema Integral de Resultados de la Evaluaciones (SIRE) para apoyar a autoridades educativas, supervisores y directores.
10. Trabaja con distintos cuerpos colegiados de la sociedad civil, de padres de familia y docentes que aportan a la construcción de todo el trabajo institucional. Se apoya en docentes en la elaboración y validación de todas las pruebas de aprendizaje; y recurre a expertos nacionales e internacionales para la conducción sus tareas.

En el INEE creemos en el federalismo y en el trabajo colegiado; también existe la autocrítica y somos conscientes de que todo proceso evaluativo debe mejorar continuamente y es producto de trabajo conjunto.

Ante estos hechos planteo estas preguntas: ¿En dónde está el carácter persecutorio de lo realizado? ¿Qué tan alto será el costo para la educación del país al dejar de realizar estas tareas en una institución independiente, especializada, autónoma y políticamente neutra?

Si lo “persecutorio” está en las consecuencias que derivan de los resultados de la evaluación del desempeño de los maestros, éstas se establecen en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Entonces es ahí a donde hay que dirigir la atención. Y me permito insistir, la elaboración, aplicación y consecuencias de las evaluaciones docentes no corresponden al Instituto, sino a la SEP.

Por otro lado, al eliminar de la Constitución que el ingreso y la promoción en la carrera docente se hagan por concurso, se pone en riesgo la transparencia en los procesos de asignación de plazas, ¿quién llevaría a su hijo enfermo con un médico que compró o heredó su plaza sin haber comprobado contar con la preparación necesaria?

En el INEE siempre hemos reconocido y valorado a los maestros mexicanos. Para reconocer el valor de los profesores -y fortalecerlos, sobre todo- es indispensable una nueva institucionalidad que permita reestructurar las instancias encargadas de la formación inicial y la superación profesional de los docentes. El INEE lo ha atendido al formular directrices de política para apoyar este proceso que, por cierto, no conviene mezclar con las tareas de información y evaluación del sistema educativo.

La autonomía para la evaluación es indispensable. Ser juez y parte en procesos de evaluación conlleva a incurrir en errores, en ausencias de información o en establecer preferencias deliberadas. Con ello se corre el riesgo de pasar de una evaluación que ha sido calificada de punitiva a una realizada “a modo”. La evaluación educativa quedaría a la deriva de intereses políticos, partidistas o gremiales; prevalecerían los intereses políticos por encima del interés superior de la niñez. No podemos hacer de los niños rehenes de los vaivenes políticos.

Por último, se ha dicho que el INEE es un organismo caro ¿Cuántos recursos creen que son necesarios para evaluar un sistema educativo, uno de los más grandes del mundo, y que cada año nos cuesta a los mexicanos más de 300 mil millones de pesos, para atender a más de 30 millones de alumnos? Hasta el año pasado el Instituto costaba 33 centavos por cada 100 pesos del presupuesto educativo. Debido a recortes de este año, cuesta 16 centavos por cada 100 pesos del presupuesto federal en educación.

No contar con un organismo autónomo que evalúe el cumplimiento del derecho asentado en la constitución es volver al oscurantismo. Nadie quiere eso. El Instituto siempre ha tenido un principio: la defensa del derecho a una educación de calidad con equidad para todos.

Señores diputados: quedamos en espera de la oportunidad de continuar dialogando con esta soberanía en beneficio de los niños de México y hago votos porque el dictamen de las comisiones unidas sea capaz de generar el consenso de todas las fuerzas políticas y los actores del sector.

Muchas gracias por su atención.