La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para abrogar las disposiciones de la Ley General de Educación relativas a la reforma educativa de 2012-2013 y derogar de manera integra las leyes General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Asimismo solicitó al Congreso de la Unión realizar un debate nacional y expedir una nueva reforma educativa.
Dicha iniciativa fue presentada en tribuna por el diputado José Luis Montalvo Luna, la suscribió Reginaldo Sandoval Flores y fue avalada por los legisladores del grupo parlamentario del PT, y fue turnada a la Comisión de Educación y Servicios Educativos para su dictamen.
Según el diputado Montalvo Luna, con la actual reforma educativa no se tomó en cuenta la opinión de los profesores y consideró que “los datos de diversos estudios dan cuenta del fracaso de la reforma educativa”.
“En la Ley General del Servicio Profesional Docente se establecieron procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo de los trabajadores de la educación, lo que demuestra que la reforma educativa tiene un carácter laboral”, señala la iniciativa.
Preciso que el objetivo de esta iniciativa “consiste en que el Congreso de la Unión expida una legislación reglamentaria en materia educativa donde sea considerada la experiencia, conocimiento y aportaciones de docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados en el sector”.
Establece que “se abrogan las disposiciones contenidas en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013”.
También que “se abrogan la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013”.
El artículo segundo transitorio señala que, a más tardar en seis meses a partir de la entrada en vigor de este decreto, el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como las reformas correspondientes a la Ley General de Educación.
Para dar cumplimiento a ese mandato, ambas cámaras del Congreso de la Unión, de forma coordinada, tendrán que generar un amplio diálogo y debate nacional, en el que se involucre a docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados.
El debate servirá para expedir una reforma educativa “basada en un modelo humanista e integral, que obedezca a la realidad de nuestro país y no a cuestiones políticas, punitivas o estrictamente laborales”.
El artículo tercero transitorio plantea que las autoridades federales y estatales deberán suspender las evaluaciones educativas hasta que se cuente con la nueva legislación reglamentaria en materia educativa, que tendrá que ser expedida a más tardar en un plazo de seis meses, a partir de la publicación del presente decreto.
