A un día del arranque el ciclo escolar 2014-2015, la organización civil Mexicanos Primero activó el Abusómetro, un contador, en la forma de espectacular electrónico, colocado en Periférico Sur 349 -dirección de norte a sur, en la Ciudad de México- que da cuenta de las cantidades estratosféricas de dinero que se desvía o roba de la educación.
Según la ONG, para el cálculo de la cifra, así como de la velocidad a la que corre el Abusómetro, se apoyó en cifras oficiales del Censo Educativo que reportó 298,174 pagos irregulares e ilegales a comisionados, aviadores, etc.
Detalló que si se considera que cada plaza de maestro recibe un sueldo promedio de $10,000 mensuales (sin considerar bonos y otras prestaciones) y se multiplica por los 298,174 pagos irregulares a comisionados y aviadores, el resultado de este despilfarro asciende a $35,000 millones de pesos cada año.
Esto implica $95 millones diarios y $1,099 por segundo.
En ese sentido la organización subrayó que con esos recursos se pueden:
- Construir 24 escuelas ¡cada día!
- Pagarle, al menos $17 mil mensuales a cada maestro en servicio.
- Alimentar a 12 millones de niños en la escuela ¡cada día.¡
- Becar a 6 millones de jóvenes ¡cada año!
- Comprar útiles escolares para más de 12 millones de alumnos.
- Invertir 80 veces más en la capacitación de maestros.
Asimismo culpó a las administraciones pasadas de “engrosar e ignorar este atraco”.
Ante las cifras, la ONG a través de la campaña ¡Fin al Abuso!, lanzó las siguientes exigencias:
- Hacer públicas las bases de datos del censo.
- Poner orden en la nómina magisterial y dar fin al despilfarro, a más tardar el 1º de enero de 2015 (entrada en vigor del FONE).
- Pagar únicamente a quienes sirven a los niños y se deje de pagar del presupuesto educativo a quienes abandonaron a los niños y a las escuelas.
- El dinero que se libere se aplique para atender a los niños, capacitar y apoyar a los verdaderos maestros y mejorar las escuelas.
- Se desarrolle un Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y que se mantenga actualizado y accesible a la ciudadanía.
- Eficacia para implementar las reformas legales.
- Voluntad para combatir la corrupción.
