La diputada Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa para reforzar el combate al bullying en escuelas de educación básica.
En su iniciativa, la legisladora plantea que la atención de este problema será una responsabilidad compartida entre el Estado, las autoridades educativas y los padres de familia.
La propuesta legislativa propone adicionar los artículos 16 Bis, 16 Ter, 16 Quáter y 16 Quinquies a la Ley General de Educación, con el propósito de garantizar el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como su derecho a una vida libre de violencia en entornos escolares.
Define el bullying y obliga a crear programas de prevención
De acuerdo con el proyecto de González González, se entenderá por bullying cualquier forma de violencia física, verbal, psicológica o digital ejercida de manera reiterada por un estudiante hacia otro con el objetivo de intimidar, excluir o causar daño.
Además advierte que el Estado deberá desarrollar programas y políticas públicas que hagan efectivo este derecho constitucional, priorizando el cuidado y respeto a la integridad personal de las y los estudiantes.
Padres tendrían nuevas obligaciones y sanciones graduales
La iniciativa señala que madres, padres y tutores deberán participar activamente en programas de prevención de violencia escolar, colaborar en la corrección de conductas de sus hijas e hijos y garantizar atención psicológica si así lo determina la autoridad educativa.
En casos donde un estudiante reincida en conductas de bullying, la diputada propone sanciones graduales para los padres, entre ellas:
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Primera reincidencia: amonestación y asistencia obligatoria a cursos de parentalidad positiva.
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Segunda reincidencia: una multa económica proporcional al ingreso familiar.
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Tercera reincidencia: canalización obligatoria ante instancias de procuración de justicia para evaluar medidas de protección y responsabilidad parental.
La legisladora enfatizó que estas medidas deben ser proporcionales y siempre respetar el interés superior de la niñez, evitando criminalizar a menores de edad.
SEP, DIF y procuradurías definirán lineamientos
El documento que ya fue turnado a la Comisión de Educación para su análisis, también establece que la Secretaría de Educación Pública (SEP), en coordinación con el Sistema Nacional DIF y las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes, serán las responsables de emitir los lineamientos para la aplicación del nuevo capítulo legal.
Bullying: causa de deserción y daños emocionales, advierte
En su exposición de motivos, la diputada destacó que el acoso escolar se ha convertido en una de las principales causas de deserción en educación básica, y que esto tiene efectos negativos en el rendimiento académico, el bienestar emocional e incluso en el incremento de la violencia juvenil.
También subrayó que, aunque las leyes vigentes reconocen el derecho de la niñez a vivir libre de violencia, no existe una regulación clara sobre la responsabilidad parental cuando los menores ejercen bullying.
Por último afirmó que establecer un marco regulatorio específico permitirá crear entornos educativos más seguros, cerrar vacíos legales y dotar a docentes, estudiantes y familias de herramientas para identificar y enfrentar el acoso escolar.