Con el objetivo de salvaguardar los derechos de niñas, niños, adolescentes y del personal que integra las comunidades escolares, el diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Alejandro Domínguez Domínguez, presentó una iniciativa para establecer un Protocolo Nacional de Prevención, Atención y Resolución de Situaciones de Riesgo, Violencia o Conflicto Escolar.
La propuesta plantea adicionar el artículo 126 Bis a la Ley General de Educación, y busca garantizar procesos justos, respetuosos del debido proceso y con asesoría jurídica adecuada para el personal educativo involucrado en denuncias o conflictos dentro de los planteles.
El legislador priista subrayó la necesidad de que la autoridad educativa convoque a foros de consulta, mesas de diálogo y mecanismos de participación directa para que maestras, maestros y trabajadores de la educación sean escuchados en la elaboración de este protocolo.
En tanto detalló que corresponderá a las autoridades educativas locales armonizar su legislación y reglamentación conforme a los principios de la reforma, así como elaborar y aplicar protocolos estatales que aseguren el respeto irrestricto de los derechos humanos de estudiantes, madres y padres de familia, docentes, personal administrativo y de apoyo.
“El respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes no puede lograrse a costa de vulnerar los derechos fundamentales de quienes les educan. Es momento de construir un equilibrio legal justo, que reconozca que la comunidad educativa es un tejido complejo donde todas las personas deben estar protegidas por la ley”, afirmó.
Del mismo modo explicó que la iniciativa surge tras escuchar testimonios de maestras, maestros y personal de apoyo que han manifestado su preocupación por la falta de protocolos claros que permitan salvaguardar su integridad física, emocional y laboral en contextos de conflicto o denuncia.
Señaló que en diversos casos, denuncias infundadas o maliciosas derivan en afectaciones personales, familiares, administrativas y sociales de gran calado, sin que existan mecanismos que brinden garantías mínimas al personal señalado ni medidas de protección que aseguren el debido proceso y la presunción de inocencia.
“No son casos aislados. Representan una realidad sistemática que afecta la dignidad, la estabilidad emocional y laboral de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en el país”, advirtió Domínguez, al tiempo que sostuvo que la ausencia de un marco legal claro ha permitido vulneraciones a los derechos fundamentales del magisterio.
La reforma, concluyó, busca recuperar la confianza del personal educativo en las instituciones, evitar la criminalización preventiva, fortalecer la cultura de la denuncia responsable y construir entornos escolares donde se respeten los derechos de toda la comunidad educativa.