Durante la VI Mesa “Asociaciones de padres, madres de familia y alumnos de diferentes tipos y niveles educativos” de las Audiencias Públicas en la materia, la presidenta de la Comisión de Educación, diputada Adela Piña Bernal, afirmó que los estudiantes son el centro de este sector y serán la base fundamental para elaborar el dictamen.
“La audiencia de este día es la más enriquecedora y las propuestas contribuirán a tener un mejor documento. Nuestro objetivo es fortalecer el sistema de enseñanza nacional”, comentó.
Estimó que para los diputados será complicado sistematizar todas las propuestas, pero aseguró que “vamos a actuar con responsabilidad, imparcialidad y sin estar sujetos a grupos o intereses personales, ni a dogmas religiosos o ideológicos. Nos vamos a centrar en lo más importante, que son las niñas, niños y adolescentes, a fin de garantizarles una educación pública integral, obligatoria, gratuita, intercultural, laica e inclusiva”.
Resaltó que se fortalecerán los más altos valores al promover la historia, civismo y ética, porque lo que se pretende con robustecer el sistema educativo, es reconstruir todo el tejido social y que este país viva en paz, porque lo que quieren las niñas, niños y adolescentes es vivir en una nación tranquila y ser felices.
Por su parte, el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, manifestó que la reforma de 2013 no tuvo bondades y no sirvió ni a maestros ni a estudiantes. “Lo que se hizo no era viable, pues en las diferentes pruebas aplicadas a los alumnos no ha habido mejoras; por ello, es urgente retomar la propuesta enviada por el Presidente López Obrador”.
Aquella reforma, consideró, se realizó con parámetros que no eran pertinentes y partió de un enfoque adversarial para los maestros. En la iniciativa enviada por el titular del Ejecutivo “no queda ni un solo renglón de la anterior; el actual es un proyecto responsable y funcional que no deja nada del 2013”.
Mencionó que la nueva propuesta surgió de un proceso de debate que nunca había existido y las audiencias públicas son un acto de legitimidad en donde se ha escuchado la voz de todos.
Son reformas sólidas que propiciarán un sistema educativo que brindará mejor nivel de vida a las y los maestros, así como a la formación de alumnos. Añadió que la iniciativa toca con amplitud el tema de formación indígena y bicultural.
Fernández Fuentes destacó que por primera vez en la Constitución se considerará el interés supremo de las niñas, niños y jóvenes en la impartición de la educación.
Agregó que en el mediano plazo las escuelas deben aspirar a la excelencia. “Es un término que se ha cuestionado para incluirlo en el dictamen; sin embargo, el lenguaje nos pertenece a todos y en ese sentido va ese asunto”.
En tanto, la diputada María Teresa López Pérez (Morena), secretaria de la Comisión de Educación, señaló que la audiencia es un espacio de participación para los actores más importantes en el proceso educativo.
Enfatizó que, quizá desde que se redactó la Constitución de 1917, no había participación real para escuchar las voces y “juntos queremos seguir este camino para que la educación sea de todos, universal, gratuita, laica y haga de los niños y jóvenes hombres de bien en el futuro”.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, recalcó que infantes, jóvenes y padres de familia son la parte fundamental en la educación, que es el motor de la transformación y “nosotros eso queremos para México, que nuevas generaciones tengan valores sociales que los blinden en contra de injerencias que los pueden llevar por un mal camino”.
Por su parte, la diputada Claudia Báez Ruiz (PES), secretaria de la Comisión de Educación, refirió que durante las últimas dos semanas se han recibido más de mil opiniones, que serán tomadas en cuenta para una reforma educativa efectiva y sustancial. Destacó la importancia de reconocer el papel fundamental de los padres dentro del desarrollo educativo de niñas, niños y adolescentes para un progreso significativo en su desempeño educacional.
Estimó que en este ámbito la responsabilidad es de todos y es a través de la colaboración de padres, madres, alumnos, maestros, autoridades educativas y gobierno que podremos hacer de la educación el estandarte de esta gran nación.
El diputado Jorge Luis Montes Nieves (Morena), integrante de la Comisión de Educación, enfatizó que este ejercicio es un distintivo del nuevo gobierno y de esta legislatura. “Hoy se escucharán las voces de los actores principales y protagonistas en el proceso educativo, que son las familias y alumnos”.
Consideró que sin su voz no podría haber transformación y, sin duda, “necesitamos de todos ustedes para conseguir el mejor dictamen que dé el marco legal para el nuevo plan educativo”. Sostuvo que corresponde a todas y todos participar en la Cuarta Transformación de la vida pública del país.
La diputada Lorena Jiménez Andrade (Morena) dijo que el objetivo es dar a la educación un carácter humanista, incluyente y científico, que sustente los más altos valores universales, el desarrollo integral y que permita a la niñez y juventud ser capaces de resolver con asertividad los retos que plantee la vida.
Sacar adelante esta reforma no será sencillo, pues tiene como fin restituirle al pueblo la garantía de que la educación seguirá siendo pública, laica, gratuita y obligatoria desde preescolar hasta la universidad; garantizar que la educación que imparte el Estado sea en escuelas dignas, con infraestructura y equipamiento necesario, y maestros revalorados y capacitados.
De la misma fracción parlamentaria, la diputa Patricia Palma Olvera afirmó que las expresiones de los ponentes se tomarán en cuenta para enriquecer un modelo educativo que resulte funcional para todos.
El presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Leonardo García Camarena, pidió mantener la obligación del Estado de garantizar el aprendizaje, porque la propuesta del Ejecutivo la reduce únicamente al acceso; reconocer y promover los derechos profesionales de los docentes con cualquier función educativa que vayan a ejercer y asegurar una formación y acompañamiento de calidad e incluyente a todas las regiones del país, así como procesos claros, justos y transparentes de ingreso y promoción en el sistema educativo, “queremos docentes, no delincuentes”.
También solicitó mantener la obligación del Estado de garantizar el desarrollo integral de las niñas y niños de cero a tres años; salvaguardar la existencia de un instituto autónomo calificado que evalúe con rigor e independencia las políticas educativas, a partir de lineamientos claros y que produzca información confiable y monitoree la medida en que se garantiza el derecho a aprender de los infantes. Además, ampliar el enfoque de una educación incluyente capaz de responder y promover la diversidad. También propuso garantizar que los padres de familia formen parte de la comunidad educativa y participen en los procesos de mayor relevancia.
La presidenta del Consejo de Participación Social en Educación de Oaxaca, Luisa García Cruz, resaltó que es fundamental reconocer el trabajo de los docentes que se apegan al calendario oficial, que procuran su formación y desarrollo profesional; exigió que las autoridades de todos niveles de gobierno cumplan la ley, garantizando la aplicación de los programas que han mostrado eficiencia.
Enfatizó que es indispensable que los recursos financieros de los programas para infraestructura y equipamiento no se entreguen a estructuras sindicales, por lo que es fundamental que los padres de familia formen parte de su aplicación. Destacó que los procesos de evaluación en todos los ámbitos son necesarios y útiles para mejorar las condiciones actuales, por lo que exigió que los maestros cuenten con formación, capacidades y herramientas necesarias, además de estar dispuestos a aceptar actualización y formación continua. “La propuesta de cancelar los procesos de evaluación del sistema educativo implicará un retroceso”.
Guadalupe del Carmen Kolp Torres, del Comité Estatal de Padres de Familia de Chiapas, pidió atención especial para las zonas que resultaron afectadas por los sismos de 2017. “Existen sitios que necesitan reconstruirse, pero aún no se tiene respuesta de las autoridades. En nuestro estado hay niños que reciben clases a la intemperie”.
Consideró que el Estado no ha cumplido con el artículo 3º de la Constitución, ya que se ha vulnerado la situación laboral del magisterio; por ello, exhortó a los legisladores a abrogar la pasada reforma educativa, que sólo causó falta de infraestructura mínima como aulas, libros y personal docente.
La integrante de la coordinadora estatal de madres, padres y tutores en defensa de la educación pública del estado de Oaxaca, Adriana Linares Arroyo, pidió tomar en cuenta los conocimientos de los pueblos originarios a fin de llevar a cabo una reforma pedagógica que beneficie a las futuras generaciones de los educandos, que tome como eje principal la comunidad como forma de vida y razón de ser de los pueblos indígenas.
Afirmó es primordial que los profesores sean titulados normalistas, porque ahí es donde realmente aprenden a enseñar, “no queremos titulados del Politécnico o de la UNAM y que no tengan noción de lo que es pedagogía”. Puntualizó que los padres de familia piden respeto a la forma en que se educa en las comunidades de acuerdo con su contexto social, cultural y étnico; que la salud de las y los niños esté bien atendida, y disminuir las jornadas extensas de alumnos y docentes.
La presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de escuelas públicas de Nuevo León, Adriana Dávila Benavides, dijo que para garantizar que todas las niñas, niños y jóvenes estudien se deben crear instituciones gubernamentales sindicales y ciudadanas que aporten dinamismo, flexibilidad y compromiso por la calidad en un plan educativo estratégico.
Subrayó que los centros educativos requieren de presupuesto para infraestructura y dotar a los profesores de material didáctico porque es el maestro quien invierte dinero para su labor diaria. Tiene que incluirse en la Constitución la creación de un instituto integrado por académicos, pedagogos, intelectuales, investigadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, padres y maestros, para que los contenidos de los libros de texto gratuitos sean buenos y no de mediana calidad.
El presidente del Comité Estatal de Defensa de la Educación de los pueblos originarios de Oaxaca, Noé Gómez Santiago, consideró que para construir y proponer un modelo educativo que reivindique y responda a las realidades culturales, sociales, económicas y políticas de las comunidades, se debe reconocer constitucionalmente a la educación indígena como nivel educativo y derecho de los pueblos originarios, con un principio de educación intercultural bilingüe y comunitaria para todo el sistema educativo nacional.
Puntualizó que es importante que la Federación reconozca las labores de brigadas de desarrollo educativo indígena, procuraduría de asuntos indígenas, albergues escolares, centros de integración social, psicólogos en educación intercultural, secundarias comunitarias, educación inicial, preescolar y primaria, jefes de zonas de supervisión, asesores técnicos pedagógicos y asesores técnicos lingüísticos, a fin de disminuir los índices de marginación y extrema pobreza.
Balfre Peña Cruz, de la Asociación de Padres de Familia de la EPO, planteó la derogación total de la anterior reforma educativa y de las leyes que de ella emanaron. Asimismo, que en las nuevas modificaciones se reconozcan los espacios educativos alternativos de las comunidades y organizaciones sociales como un derecho a ser distintos.
Además, dijo, que los proyectos abarquen la educación inicial, básica, media superior, superior, indígena y especial; se desaparezca el INEE y detener la evaluación punitiva; eliminar los exámenes de ingreso de educación media superior y superior y que el Estado garantice los presupuestos de la instrucción pública gratuita, humanista, científica, crítica y popular.
Said Flores Alonso, estudiante de maestría en la UNAM, consideró necesario establecer que el Estado tenga la obligación de garantizar el acceso al nivel superior; dotar de autonomía a las universidades y tomar en cuenta las necesidades de los sectores productivos en cuanto a recursos humanos se refiere, “de lo contrario tendremos toda una generación de universitarios desempleados”.
Nayeli Soto, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM, enfatizó que antes de hacer obligatorio el nivel superior se requiere tomar en cuenta las deficiencias, ya que actualmente ni siquiera se ha garantizado el nivel medio superior y establecerlo en la Constitución no basta. Por ello, solicitó analizar este aspecto, ya que podría haber una posible controversia constitucional al contravenir el derecho que todo mexicano tiene de dedicarse al trabajo que le acomode.
Héctor Villalobos, padre de familia integrante de la comunidad sorda, estimó que en el dictamen se debe dar certeza jurídica a ese grupo poblacional. “Tendría que haber profesores que impartan clase en lenguaje de señas, ya que no son pocos los estudiantes que tienen este tipo de discapacidad”.
Por su parte, madres de familia solicitaron establecer la educación inicial como el primer nivel del sistema educativo y que se reconozca como un derecho de todos los niños menores de cuatro años; una enseñanza de calidad, infraestructura y respeto a los docentes.
Durante la audiencia, alumnos de primaria, secundaria y de la escuela Superior de Educación Física, señalaron que es necesario mejorar la educación y formar ciudadanos conscientes y responsables, además, resaltaron la necesidad de destinar presupuesto suficiente para infraestructura, equipo de laboratorios y materiales deportivos.
