A propósito de los procesos educativos, la participación social y la democracia, el Mtro. Gilberto Guevara Niebla escribió recientemente un artículo en el cual planteaba estas ideas: “Antes de 1921, la educación pública dependía principalmente de los municipios; después de 1921 su papel educativo se desvaneció. El municipio (o, en su caso, la alcaldía) es la entidad pública más próxima a la comunidad y a las escuelas, por lo mismo, es deseable que tenga un protagonismo más activo en educación… Cualquier transformación del país (pienso en la 4T) debe comenzar desde abajo, en la célula social por excelencia que es el municipio. México necesita municipios —y ayuntamientos— fuertes, activos, que realicen un intenso trabajo a favor de los cambios que se proponen. En la política identificada como la Nueva Escuela Mexicana los municipios deben tener un protagonismo esencial.” (1)
Coincido plenamente. Ya en varias ocasiones me he pronunciado a favor de ampliar los canales de participación social a través de la organización municipal, esto con la finalidad de favorecer los procesos de la educación básica, sobre todo, (con la inclusión por supuesto de la educación inicial); aunque también a favor de proyectos de mayor alcance, como lo son los de la educación media superior y superior.
Como lo escribí en agosto pasado, considero que un “primer análisis de coyuntura de la actual etapa de la Reforma Educativa mexicana, en el contexto de la llamada Cuarta Transformación de la vida pública del país, tiene que ver con la ampliación de los espacios de participación de la sociedad en la educación, así como con los procesos de democratización de las organizaciones sindicales de las maestras y los maestros en México.” (2)
Con respecto al primer punto, me parece que la legislación educativa federal no ha sido innovadora en el sentido de hacer a un lado las inercias de las políticas públicas centralistas en la materia. El marco legal insiste en que los grandes problemas educativos se resuelven a golpes de autoritarismo, y sobre todo si éste se da desde el centro burocrático (gobierno federal, y específicamente a través de la Secretaría de Educación Pública, SEP).
En otras oportunidades, he afirmado también que, el gobierno federal, según la Ley General de Educación (reformada este 2019), tiene las facultades casi absolutas para modificar los planes y programas de estudios en la educación básica y media superior, sin permitir que los congresos de los estados participen (en representación de la sociedad local), ni tengan injerencia en este tipo de asuntos. Y si los congresos locales no tienen participación en esos rubros, desde su rol de representantes de la población en determinadas zonas territoriales, entonces los municipios se ven minimizados aún más, en esos tramos singulares de participación educativa comunitaria. Por lo tanto, las escuelas sólo tienen vínculos institucionales administrativos limitados, y carecen de vínculos educativos y pedagógicos efectivos y de alto impacto a nivel local.
Lo mismo sucede para el tema de la formación inicial y continua del personal docente, directivo y de asesoría de la escuela pública. ¿Por qué no probamos, como nación, un modelo de mayor participación social (ampliación de la base ciudadana en la toma de decisiones), a través de los órganos legislativos estatales y mediante un proceso de municipalización de la educación pública?
Retos de la municipalización de la educación pública
Es una buena idea ampliar los ámbitos de participación social en la educación pública, no cabe duda, a nivel de las comunidades específicas; sin embargo, hay algunos problemas que se presentan cuando se opta por este tipo de esquemas o diseños institucionales: En primer lugar, el asunto del financiamiento. Los recursos financieros de los municipios son generalmente limitados. México ha sido un país que, a lo largo de su historia reciente, ha adoptado un modelo de financiamiento público de carácter centralista. Son pocos los impuestos (como el predial), que están a cargo de los gobiernos de las localidades o de las alcaldías (éste es un tema también abordado en el texto de Guevara Niebla; ver referencia). Y eso reduce la capacidad de maniobra de las alcaldías en materia cultural y educativa.
Otro problema serio es la carencia de instrumentos jurídicos, o la falta de una legislación y de un diseño institucional que favorezcan la participación de la sociedad en la toma de decisiones trascendentes y esenciales de la vida escolar. Los gobiernos municipales por lo regular “apoyan” a las escuelas en sus localidades a través de materiales físicos e infraestructura operativa. Procesos como el diseño curricular, la evaluación de docentes, de directivos, de colectivos docentes, o de estudiantes, en términos de aprendizajes y demás indicadores de socialización o de formación a lo largo de la vida, están ausentes en esos esquemas, y por lo regular no están en manos de las comunidades educativas específicas, sino que se han dejado en la larga e inmanejable cancha de las agencias nacionales (SEP, CONAFE, INEA, etc.), generalmente ajenas de la vida cotidiana de las escuelas.
Sería interesante explorar, en efecto, nuevos esquemas de participación social en la educación, desde los municipios y desde los congresos estatales, no solamente para apuntalar o proyectar asuntos de infraestructura educativa, sino también para proponer y consolidar proyectos educativos y pedagógicos concretos y dinámicos; flexibles e innovadores (no desde fuera, sino desde dentro de las comunidades). Así mismo, sería conveniente revisar las experiencias que se han puesto en práctica al respecto en otras naciones como Canadá y Chile, entre otros países, como para repensar qué ventajas y qué desventajas ofrece un esquema efectivo y de largo aliento, orientado hacia la municipalización de la educación en México, en todos sus niveles y modalidades. Aunque quizá convenga iniciar con una primera etapa en la educación básica.
Pienso, por otra parte y para concluir, que los grandes problemas de la rectoría del Estado en materia educativa, pasan también por el fenómeno de la falta de democracia en las organizaciones sindicales del magisterio; sobre todo en la falta de pluralidad y representatividad del comité ejecutivo nacional y de la mayoría de las dirigencias seccionales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Ahí también tenemos un pendiente; donde se requiere también una reforma política y educativa de fondo.
Fuentes consultadas:
(1) Gilberto Guevara Niebla. “Una agenda educativa para los municipios”, Crónica, 21 de noviembre, 2019 (reproducido en Profelandia.com)
(2) Ver mis textos: “Reforma Educativa y Poder Público: Cuatro apuntes”, SDP Noticias, 26 de agosto, 2019; y “Educación Pública y Poder Político: La dinámica del gradualismo”, SDP Noticias, 19 marzo, 2019. También escribí ampliamente sobre el tema en mi libro: “Cambio Educativo y Políticas Públicas en México”. (2018) Edición de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro.
Publicado en SDPnoticias.
