Modelo educativo y normales: consulta y legitimidad.

  ¡Es la hora de la verdad! Las reformas legales en educación son hechos consumados y el presidente Peña Nieto ya aprobó el Programa Sectorial de ...
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¡Es la hora de la verdad! Las reformas legales en educación son hechos consumados y el presidente Peña Nieto ya aprobó el Programa Sectorial de Educación. Ahora viene el camino donde las buenas intenciones son insuficientes, es cuando el gobierno necesita demostrar que es gobierno. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, anunció desde el mes pasado que hoy comenzará la consulta para definir el “nuevo modelo educativo” y el destino de las escuelas normales.

Aunque de manera tortuosa, las consultas para el diseño de programas de gobierno se abren paso; a los políticos ya no les resulta tan fácil manipular a la opinión pública. Estoy lejos de sugerir que vivamos en una democracia participativa, pero sí pienso que las voces ciudadanas se hacen escuchar cada vez con mayor fuerza y, aunque a muchos altos burócratas no les guste, el espacio público ya no es monopolio oficial.

En las consultas que de manera formal inician hoy, observo dos situaciones divergentes. Lo del nuevo modelo educativo no tiene que discutirse mucho, los equipos técnicos de la Subsecretaría de Educación Básica ya han avanzado en el terreno; hay anuncios oficiales de nuevos textos y el Programa Sectorial avisa que hay otros factores en el horno. Allí es donde se necesita que el gobierno ejerza; las consultas son con expertos, investigadores y actores institucionales identificados. Claro, no faltará algún periodista entrometido —como el suscrito— que tire opiniones que nadie le pide. Pero las líneas fundamentales ya están trazadas: mudanzas en los currículos, nuevos materiales, escuelas de jornada ampliada y de tiempo completo, y autonomía escolar.

Otra cosa son las normales. Allí los intereses creados son fardos considerables que el gobierno se ve obligado a tomar en cuenta, como son los del SNTE (que controla a la mayor parte de las escuelas) y los de los docentes y estudiantes que se niegan a perder privilegios que el corporativismo y el gobierno les concedieron. Pero sobre esos intereses están los superiores de la educación nacional que, se supone, la SEP debe resguardar. Pero no lo hará si no siente el apoyo y la presión —y subrayo presión— de la sociedad.

La educación normal es un asunto demasiado importante como para dejarlo en manos de burócratas y sindicalistas. Tampoco es una cuestión que ataña nada más a los normalistas. Ya me imagino a los grupos organizados del sindicato, en particular a los de la CNTE, tratando de boicotear las consultas, vociferando contra las reformas “neoliberales”, haciendo paros y marchando por las calles para evitar la “privatización” de esas escuelas. Pero también sospecho que los grupos afines a Juan Díaz de la Torre tratarán de alargar las consultas hasta que se agote el sexenio.

No sé qué pasará con las normales. De lo que estoy convencido es que no pueden continuar como hasta la fecha. Hay que decirlo con respeto, pero también con frialdad. Aunque haya buenas escuelas aquí y allá, algunas con historia de distinción y brillo, el conjunto de las normales está en pésimas condiciones, más en lo académico que en lo material. La mayoría está gobernada por grupos de docentes afines a las camarillas sindicales; sus rutinas son perversas (por ejemplo, la eficiencia terminal es la más alta de la educación superior y casi no hay egresados con promedio menor a nueve); el porcentaje de profesores titulares es superior al de la UNAM, cuando el valor de sus credenciales es discutible; no tiene una producción de conocimiento razonable; y, lo más triste, quienes egresan de ellas —en especial de las normales rurales— no adquieren los atributos de una profesión.

Atención. No abogo por su desaparición, pero sí por una reforma profunda de su hacer y la transformación de algunas de ellas en escuelas superiores de otro tipo. Las normales se merecen un futuro mejor.

Aquí es donde el gobierno tiene que ser más gobierno. No debe permitir que la consulta se desborde en la defensa de privilegios, ni que se prolongue en demasía, pero tampoco tomarla como un mecanismo de legitimación. Espero —sí, en realidad estoy esperanzado— que en su discurro de hoy, el secretario Chuayffet dicte las líneas de la consulta y dé a conocer las premisas sobre las que el gobierno actuará.

Fue publicado en Excélsior.