Hay una serie de demandas del magisterio mexicano para dignificar a los docentes, salvaguardar la escuela pública y reconocer a los menores como algo más que no sea mercancías humanas y que para resolverlas no habría sido necesaria una reforma constitucional porque se tratan de cuestiones administrativas; sin embargo, el gobierno y el partido en el poder decidieron ligar la mayoría de ellas a los cambios legislativos.
En vez de iniciar con un acto de justicia social que sí está en manos del Poder Ejecutivo: reinstalando a los profesores cesados con todos sus derechos y salarios caídos, cancelando programas de despojo del patrimonio escolar como los certificados de infraestructura educativa nacional, garantizando el pago de nómina combatiendo la corrupción en los estados, fortaleciendo las normales públicas y escuelas formadoras de docentes, suspendiendo el avance del nuevo modelo educativo neoliberal hasta construir otro que rompa con la organización gerencial de la escuela y del currículo; prefirieron continuar con todo el andamiaje de la reforma de Peña Nieto y posponer la promesa de un nuevo horizonte hasta que se concreten los cambios constitucionales.
Con el memorándum enviado por el Presidente de la República a tres de sus secretarios de estado, intentan recuperar lo que no terminaron de concretar en las mesas iniciales de diálogo con la CNTE y que habían tenido avances trascendentales como la liberación de algunos presos políticos del magisterio, incluso, se comenzó el diagnóstico de todos los cesados a consecuencia de los factores punitivos de la reforma empresarial; sin embargo, la continuidad de un posible acuerdo me parece que enfrenta tres problemas: de contexto, discurso y contenido.
La Cuarta Transformación contribuyó a crear un contexto adverso para la CNTE, alentando la campaña habitual de los empresarios y de los anteriores gobiernos para descalificarla; se le exhibió públicamente en el panóptico digital y los canales de comunicación tradicionales como una fuerza no de carácter social sino cupular, conservadora, intransigente y anacrónica, que no se sitúa en la era pos neoliberal y que se opone sin causa a las transformaciones propuestas por el nuevo pacto educativo.
Detrás de este discurso subyace la intención por desfocalizar a la derecha y sus intereses oligárquicos, inflexibles a la hora de ceder en derechos laborales a los maestros, de aceptar otra educación que no sea para favorecer el mercado y la formación prioritaria en el desarrollo de habilidades para el trabajo, de perder terreno en la constitución de espacios autónomos de intervención directa del empresariado para manipular la política educativa.
Les resulta políticamente más redituable presentar a la CNTE como el factor que frena el cambio, la variable independiente que decidirá si se queda la reforma de Peña Nieto o se sigue avanzando en el proceso evolutivo de la Cuarta Transformación; todo es cuestión de que cedan y acepten el dictamen al que no se le puede cambiar casi nada y menos lo que ya se acordó con los poderes económicos. Por eso se emite un memorándum con tan pocas posibilidades de vida, con argumentos jurídicos tan endebles que no podrá sostenerse por mucho tiempo. Cuando Mario Delgado dice que debe haber un acuerdo antes del 30 de abril, no sólo está contemplando los tiempos legislativos en que culmina el periodo de sesiones, además está calculando cuánto pueden sostener su propuesta antes de que surta efecto la andanada de demandas, amparos, presiones políticas y mediáticas.
La forma en cómo se presentó el memorándum generó reacciones adversas para el gobierno, pero también para la disidencia magisterial que se ha colocado en la interlocución principal del diálogo. Se anuncia por el Presidente de la República como una medida para dejar sin efectos la reforma educativa vigente, un discurso desproporcionado, porque no tiene tales alcances para suspender el artículo tercerco y sus leyes secundarias, ni toca todos los componentes de la educación neoliberal que sí están en manos del Poder Ejecutivo y que se podrían cancelar sin atentar contra la división de poderes. Lo que podría haber sido un mensaje de justicia y voluntad política, hoy da pie para que sea descalificado como una medida inconstitucional que cede a las presiones radicales de los maestros.
No se trata de negar la importancia del contenido del memorándum, pero sí de situar su viabilidad, entenderlo en su justa dimensión y asumirlo como otro compromiso explícito del gobierno de López Obrador en materia educativa que permite avanzar en la reinstalación y el excarcelamiento de los maestros disidentes; garantizar el techo financiero y el pago de nómina de todos los maestros a escala nacional; recuperar la docencia como una profesión que necesariamente pasa por la formación pedagógica de diversas especialidades y necesidades contextuales, culturales y cognitivas; además, debería contener la obligación de no permitir la existencia de ningún programa que privatice el patrimonio escolar, los recursos públicos o la formación (autonomía curricular y capacitación docente) y presentar la convocatoria inmediata para un Congreso Pedagógico para elaborar el proyecto educativo nacional; pero, de ningún modo este memorándum agota la promesa de abrogar la reforma educativa ni cierra el diálogo con los maestros, como tampoco limita su libertad de manifestación social.
