En el más reciente libro de Fernando Reimers, Letters to a New Minister of Education, encontramos un breve capítulo desarrollado por Sergio Cárdenas, académico del CIDE y exdirector del Crefal, intitulado Mexico: Should you talk to the «experts»? advice for a new secretary. En su intervención, Cárdenas le comparte al nuevo titular de la SEP –Esteban Moctezuma– lo apremiante que es mostrar interés por escuchar a una comunidad que siempre asumirá saber más sobre la educación que los líderes políticos en turno de ese sector, la comunidad de los expertos.
En nuestro país, los expertos educativos son un estrato privilegiado del mundo académico. Generalmente posgraduados en universidades de renombre internacional, mantienen una trayectoria que detenta amplio reconocimiento en los claustros, los pasillos de importantes corporativos, oficinas gubernamentales y organizaciones liberales. Son una especie de aristocracia intelectual bien consciente de sus capacidades. Tanto así, que ellos mismos se consideran «las mejores mentes de este país», a decir de Blanca Heredia, una reconocida académica del CIDE, ex funcionaria de Segob y ex funcionaria de la OCDE.
En su texto, Cárdenas –vinculado al mencionado grupo– sugiere «empezar con el pie derecho» la relación entre la SEP y los expertos, con el fin de encontrar puentes de diálogo que permitan construir armónicamente una nueva propuesta educativa. El investigador es bastante claro al exponer la preponderancia que tal estrato ha adquirido con el paso de los años en los espacios de discusión, diseño y deliberación de las políticas educativas.
Lo anterior ha sido favorecido por ciertos cambios a nivel institucional que, a la luz de la reforma educativa 2013, profundizaron la inclusión de distintos actores (organizaciones de la sociedad civil, grupos de expertos, cámaras empresariales, etcétera) en los procesos de gobierno educativo. Dichos cambios conformaron una «nueva gobernanza» del sistema, cuya justificación podemos encontrarla en el Nuevo Modelo Educativo 2016. Teóricamente, lo que se busca en dicho contexto es desarrollar una lógica deliberativa plural en el cual actores privados y sociales puedan colaborar con el gobierno para generar políticas públicas «eficientes» y favorables al conjunto de la sociedad. Lamentablemente, aunque tal propuesta conlleva un supuesto pluralista implícito, en su práctica no favorece necesariamente aspiraciones democráticas, ya que a menudo los actores privados y sociales incluidos en dichos procesos han estado estrechamente asociados al gobierno en turno o vinculados a poderosos grupos de interés, lo cual limita su representatividad y apuntala las desigualdades políticas en nuestra sociedad.
Los procesos de gobierno en este sentido encuentran en las redes de políticas su núcleo operativo. Ahí se desarrollan las ideas, se gestionan los procesos, se aboga por determinadas propuestas y se accede a la deliberación gubernamental. En estas redes, cuyas prácticas de clase son muy acentuadas, los expertos son nodos sumamente relevantes dada su capacidad de trabajar en calidad de asesores, investigadores o directivos con distintas organizaciones al mismo tiempo: partidos políticos; ONG como Mexicanos Primero; think tanksnacionales como México Evalúa o internacionales como RAND Corporation o Brookings Institution; organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, la OCDE o el Inter-American Dialogue; instituciones académicas como CIDE o Flacso, etcétera. A pesar de su naturaleza descentralizada, los integrantes de dichas redes convergen en la realización de proyectos comunes mediante alianzas estratégicas. Tales alianzas les permiten estar presentes en los altos espacios del poder y les habilitan para influir en las políticas educativas, sin importar que generalmente estén ausentes del contexto real de la escuela pública y los problemas cotidianos del profesorado.
Al parecer, el artículo de Cárdenas se publicó tardíamente. Para entonces, como un gesto electoral, la propuesta educativa lopezobradorista del 12 de diciembre había ya contemplado la desaparición del INEE por percibirlo «como un instrumento persecutor para el magisterio», dejando de lado la opinión de los expertos. Lo anterior generó una avalancha de críticas hacia el gobierno desde distintos frentes, entre los cuales se encontraron especialistas que dieron forma y seguimiento a la reforma peñista (y otros que se incorporaron posteriormente) así como los partidos que con el Pacto por México cobijaron tal propuesta educativa. Con su inconformidad decían defender, entre otras cosas, lo que llamaban «democracia» en el sistema educativo. Desde ese momento, podíamos encontrar pinceladas de la alianza que se presentaría posteriormente entre los partidos de oposición, los grupos de interés y los expertos educativos, con el fin de mantener el proyecto educativo gerencial del sexenio pasado y con ello, de prolongar también la influencia que ONG empresariales, think tanks liberales, asociaciones conservadoras de padres de familia y especialistas en el sistema educativo habían ejercido a lo largo del proceso de reforma.
La alianza se evidenció el 6 de febrero, cuando la Red Educación y Derechos, integrada por miembros de ONG, expertos y otros, presentó una contrapropuesta educativa respaldada por la oposición legislativa como contrapeso a la propuesta del Ejecutivo. Entre sus lineamientos, contempla educación de calidad expresada en el máximo logro de aprendizajes, un organismo autónomo de evaluación y esquemas de gobernanza. Básicamente una recuperación light del proyecto educativo del sexenio pasado, con similar problematización y bases teóricas. La oposición quiere revivir la reforma educativa, y ha encontrado en los expertos la razón ilustrada para tal fin.
Al igual que en el sexenio pasado, los expertos están haciendo política. Y al parecer, la están haciendo del mismo bando y en la misma dirección.
