Hace años Mexicanos Primero planteó una sencilla pregunta: ¿cuántos maestros hay en México y cuántos en realidad están frente a grupo? Nadie pudo dar respuesta. Las sospechas de un fraude masivo en el presupuesto educativo crecieron.
Finalmente, mediando campañas de presión ciudadana como ¡Fin al abuso!, a finales del año 2012, el presidente Peña Nieto tuvo el tino de ordenar la realización del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial. La tarea fue encomendada al profesionalismo del INEGI.
Aplaudimos que se haya realizado el Censo; no podemos aplaudir lo que revela. Es una vergüenza nacional:
-39,222 personas asignadas a una escuela en la que nadie las conoce (aviadores);
-30,695 personas que cobran como maestros pero en realidad trabajan para el SNTE o la CNTE (comisionados);
-113,259 personas que cobran en una escuela pero están ubicados «en otro centro de trabajo» (tránsfugas); y,
-114,998 personas que reciben pagos como maestros en activo, pero lo hacen a nombre de personas que ya se jubilaron, retiraron o fallecieron.
En total, se paga con fondos destinados a la educación a 298,174 personas que no laboran en el plantel escolar al que se asigna su pago.
Y conste que miles de escuelas y maestros de Oaxaca, Chiapas y Guerrero, las tres entidades con los sistemas más corruptos y atrasados, no fueron censadas. Se resistieron. ¿Por qué será?
En cualquier caso, el censo revela que casi 300,000 personas viven del presupuesto educativo, pero no sirven a la educación. Esto refrenda el dicho de que el deporte nacional no es el futbol, ¡es vivir del presupuesto! ¡Qué descaro, qué desorden, qué corrupción!
No nada más eso: ¡qué ilegalidad! La Ley del Servicio Profesional Docente es muy clara: nadie que no esté cumpliendo con una labor docente tiene derecho a percibir sueldo de maestro.
Una estimación conservadora del costo: 10,000 pesos de sueldo mensual x 12 meses x 298,174 personas = 35,780,880,000 de pesos.
¡35 mil millones de pesos! ¡Cada año!
Con ese dinero se podrían entregar, cada año, 3 millones 838 mil becas de Oportunidades, o rehabilitar 35,780 escuelas.
Escándalos como el de Oceanografía y la Línea 12 del Metro palidecen ante estas cifras.
Más allá de las escandalosas cifras, lastima la magnitud de la complicidad de cientos de miles de personas para perpetrar este fraude. Duele también verificar que sea en el sistema educativo nacional donde se presente este fraude. ¡Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos!
¿Cómo es posible que hayamos permitido algo así? Lo importante, ahora que sabemos la dimensión del problema, es actuar, pues revelar no es resolver.
Le toca a la SHCP y a la SEP poner fin a este atraco en contra de la educación pública y del futuro del país. La fecha crítica es el 1o. de enero del 2015, pues a partir de esa fecha será el Gobierno Federal el que se haga cargo de la nómina magisterial. Exigimos que para entonces no se haga pago alguno a quien no esté cumpliendo una labor educativa.
También hay responsabilidad para los legisladores federales, pues son ellos quienes aprueban año con año el presupuesto educativo. No deben aprobarlo si no se les presenta una nómina educativa confiable.
Qué decir de los auditores: tienen que abrir los ojos y hacer la tarea.
A los ciudadanos nos corresponde exigir y verificar que termine el derroche. Si un desfalco así no nos mueve, entonces nada nos va a mover. En www.finalabuso.org puedes firmar para demandar que el dinero que ahora se desvía se utilice para mejorar la infraestructura escolar, para becas y para capacitación de nuestros verdaderos maestros.
La corrupción en México ha sido viral; ahora hagamos viral un movimiento ciudadano para combatir y derrotar a la corrupción.
